El Impuesto de Sociedades del País Vasco vuelve a los tribunales. Apenas dos semanas después de que las diputaciones situaran en el 32,6% el tipo que se aplicará a los beneficios obtenidos por las empresas el pasado año -una décima más del porcentaje que declaró ilegal el Supremo-, la Junta de Castilla y León anunció ayer que recurrirá esa decisión. La medida se fundamenta en que, a su juicio, la nueva regulación incumple de hecho la sentencia que anulaba el gravamen anterior al establecer uno casi idéntico. El Gobierno de La Rioja también se plantea emprender acciones judiciales.

En un controvertido fallo que ha puesto en cuestión aspectos básicos del Concierto Económico y de las competencias fiscales de Euskadi, el Supremo invalidó el pasado enero el tipo del 32,5% al considerar que su diferencia con el vigente en el resto de España (35%) era excesiva, lo que lo convertía en una ayuda de Estado. Es decir, que las compañías ubicadas en el País Vasco dispondrían, gracias a él, de ventajas competitivas respecto a las de otras comunidades autónomas, que distorsionarían la libre competencia. La resolución fue producto de las acciones judiciales emprendidas por los gobiernos de La Rioja y Castilla-León, que también consiguieron que el Tribunal Superior anulara las nuevas normas aprobadas meses después para cubrir el vacío legal existente -también con un gravamen del 32,5%- y que decretara su suspensión cautelar.

Tras una intensa pugna entre ellas, las diputaciones aprobaron el 30 de diciembre, vía decreto, un tipo del 32,6% para el Impuesto de Sociedades que se aplicará a los beneficios obtenidos en 2005 por las empresas de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. La medida está pendiente de ser convalidada por las respectivas juntas generales.

«Pulso sin sentido»

En cuanto se publique la nueva normativa, será impugnada por la Junta de Castilla y León, controlada por el PP, que ayer analizó el asunto en su Consejo de Gobierno. Su vicepresidenta y portavoz, María Jesús Ruiz, criticó el «pulso sin sentido» que, a su juicio, han mantenido las instituciones vascas con la Administración central y con los propios tribunales; y pidió al Gobierno central que imponga «sensatez y un criterio claro» en esta materia.

A su juicio, sustituir el gravamen considerado ilegal por otro que es sólo una décima superior constituye una «perversión en la utilización del sistema». Ruiz explicó que esa medida justifica por sí sola la presentación de los recursos, ya que el nuevo Impuesto de Sociedades vasco resulta «muy similar» al que invalidó el Supremo.

El Gobierno de La Rioja también se plantea la adopción de esa medida. Su presidente, Pedro Sanz, ya calificó de «burla a los tribunales» la decisión de las diputaciones de situar el tipo en el 32,6%. Ese 'movimiento de ficha' demuestra, en su opinión, que se niegan a cumplir la sentencia.