Hay momentos en que uno, con miedo a cometer un pecado de soberbia, llega a pensar, viendo el panorama político vasco y español, que el sentido común es precisamente lo contrario a la corrección política. Y no es que uno haya sido un revolucionario toda su vida, alguien que haya creído que la verdad se encuentra necesariamente en la marginalidad.

Pero algo raro está pasando entre nosotros. Por lo menos en el plano político. Con la palabra democracia en la boca se dan por buenos comportamientos que, con algo de análisis, por lo menos debieran dar lugar a algo de preocupación. Pero no sólo se dan por buenos esos comportamientos, sino que son considerados la cima del espíritu democrático.

La vida política vasca está orientada a la asamblea o congreso que va a celebrar próximamente un partido político inexistente, por ilegal, como lo ha vuelto a recordar recientemente el Tribunal Constitucional. No hace falta esforzarse mucho para saber que la atención dirigida a esa reunión proviene de la esperanza de muchos de que en ella se oiga la palabra, no la que debiera escucharse de una vez, la condena del terrorismo de ETA, pero sí la que permita seguir manteniendo la ilusión de que algo se mueve, de que Batasuna apuesta por las vías exclusivamente políticas, que está en condiciones, o por o menos tiene la voluntad, de exigir a ETA que cese en el uso de la violencia terrorista.

Lo que sucede es que podía haber otras formas de hacer oír esa palabra. Lo que sucede es que debiera existir una presión mucho mayor por parte de todos los partidos políticos para exigir que condene de una vez por todas el terrorismo de ETA. Y lo que sucede es que vamos a asistir a un acto ilegal, a un imposible en un Estado de Derecho. A la burla a una sentencia del Tribunal Supremo. Y quienes piensen que, a pesar de todo, merece la pena tragarse la realidad de un acto ilegal, lo podrían decir así: en aras a una estrategia en cuyo final aseguramos que está la desaparición de ETA, nos tragamos el sapo de admitir la vulneración de las leyes y de las sentencias judiciales.

Pero no. Mucho peor. Según algunos medios de comunicación, fuentes del Departamento de Interior del Gobierno vasco, criticando la petición de un parlamentario del PP de impedir la asamblea ilegal de Batasuna, afirman que no se puede condenar a la muerte civil a miles de ciudadanos vascos, que el Parlamento vasco mayoritariamente ya ha decidido que Batasuna debe ser legal.

Tomemos un momento el aliento. En esa afirmación referida por la prensa existen dos elementos a analizar. La condena a la muerte civil de ciudadanos vascos por la sentencia del Tribunal Supremo declarando fuera de la ley a Batasuna, y la idea de que el Parlamento vasco puede por mayoría decidir incumplir la ley, pedir el incumplimiento de las sentencias judiciales, es decir, colocarse por encima del ordenamiento jurídico.

Ambas cosas son tremendas. Todos los ciudadanos vascos pueden participar en las elecciones. En todas las democracias las elecciones se celebran de forma ordenada, en marcos jurídicos, con protección y tutela judicial. Ningún ciudadano de un país democrático tiene derecho a participar en las elecciones optando por personas o listas de personas que se niegan a condenar la violencia terrorista, que incumplen un requisito mínimo irrenunciable para poder participar en la vida política democrática.

Afirmar que en Euskadi existen ciudadanos que no pueden ejercer su derecho a participar en las elecciones significa lo mismo que decir que se puede participar en democracia apoyando el terrorismo, sin condenar la violencia. Así de sencillo y así de grave.

Y ningún Parlamento del mundo puede decidir nada que no esté dentro de las leyes. Para poder hacerlo tiene que comenzar por cambiar las leyes. Y lo tendrá que hacer en el ámbito de sus competencias. Y no podrá hacerlo en lo que no le compete. El Parlamento de Castilla-León, por poner, un ejemplo, no es competente para cambiar los estatutos de la ONU, o para añadir artículos a su Declaración de Derechos Humanos. Afirmar que un parlamento puede, por mayoría, saltarse a la torera leyes legítimas y sentencias judiciales democráticas es tanto como decir que un parlamento puede dar un golpe de Estado contra sí mismo. Así de sencillo y así de grave.

También se ha sabido que corren rumores de que el sacerdote irlandés Alec Reid puede ser uno de los observadores internacionales en el proceso de pacificación, es decir, en lo que debiera llamarse lisa y llanamente desaparición de ETA. Pues no en mi nombre. Quien se ha atrevido a decir que cuando un movimiento terrorista pone encima de la mesa muchos muertos -asesinados estaría mejor- es señal de que existe un problema de derechos humanos; quien se ha atrevido a decir -referencias de prensa con ocasión de recibir el premio René Cassin de Derechos Humanos del Gobierno vasco- que ETA no es el problema, sino el síntoma del problema, no puede ser observador neutral, ni intermediario, ni negociador, ni facilitador. Sencillamente porque es parte, porque ha aprendido a pies juntillas el catecismo de quienes ejercen violencia terrorista.

Desde el sentido común parece imposible que quien comulga con el discurso legitimatorio de quienes ejercen la violencia terrrorista esté en condiciones de facilitar ningún acuerdo de abandono de la violencia terrrorista, y desde luego no uno que haga justicia a la memoria y al significado político de las víctimas asesinadas: que el proyecto político que sirvió para asesinar no puede ni debe ser posible en Euskadi.

Claro que el desvarío alcanza ámbitos más amplios. La reacción del ministro de Defensa y del Gobierno ha sido fulminante ante las inaceptables declaraciones del teniente general Mena en Sevilla. Dichas declaraciones son del todo inaceptables, independientemente del contenido, porque los militares no tienen nada que decir en cuanto tales sobre lo que ocurre en la política española. Punto.

Pero conviene recordar lo que recientemente decía Gregorio Peces-Barba en un artículo de prensa. La idea fundamental era la de que, en rigor de doctrina constitucional, a la Constitución española sólo la precede España como nación, que en su capacidad constituyente se da la misma, a la que a partir de ese momento se sujeta: poder soberano que se somete al imperio de la ley. Y que fuera de ese previo, de esa España nación constituyente, no existe ninguna otra posible en el Estado. Y que lo peor del proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña radica en que en ningún lugar de él existe reconocimiento alguno de esa realidad constitucional sin la cual, empero, el propio proyecto de nuevo Estatuto no tiene sentido jurídico y político alguno.

Tomemos de nuevo el aliento. Según Peces-Barba, lo que sucede con el nuevo proyecto de Estatuto para Cataluña es que un órgano constitucional, el Parlamento de Cataluña, se sitúa al margen de la realidad constituyente y constituida del Estado. Que estamos ante una propuesta de un Parlamento ubicado dentro del marco constitucional y sometido a sus previsiones, concretadas en el vigente Estatuto de Cataluña, que hace como si se ubicara en un limbo constitucional, como si pusiera entre paréntesis aquello que precisamente hace posible que exista.

De ese colocarse en un limbo constitucional se derivan todos los demás problemas que afectan al nuevo proyecto de Estatuto de Cataluña, entre otros el de que tiene una manera de delimitar lo que es Cataluña que desborda la propia Cataluña y afecta al resto del Estado, al que sin embargo se le somete a la presión de recordarle permanentemente que el 90% del Parlamento catalán ha votado la nueva propuesta.

Pero si no perdemos el sentido común tendremos que recordar lo que dijo aquel otro dirigente socialista: por mucho que se empeñe, el Ayuntamiento de Cartagena no tiene competencias para declarar la guerra a EE UU, aunque lo haga con mayoría absoluta o por unanimidad.

Esperemos que los negociadores del PSOE sean capaces de constitucionalizar el proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña, por el bien de todos. Pero no perdamos el sentido común: vivir en democracia significa moverse siempre en el marco de las leyes legítimamente aprobadas, y no hay mayorías absolutas que valgan contra dichas leyes si pretenden introducir variaciones fuera de lo previsto por las mismas leyes, y menos aún en ámbitos competenciales que no les incumben para nada.