La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer al Juzgado Central de Instrucción 2 que investigue la querella presentada el verano pasado contra varios ex altos responsables del Gobierno chino acusados de haber cometido un delito de genocidio contra la población del Tíbet durante los ochenta y noventa.

La resolución contradice las decisiones del instructor y el criterio del fiscal, partidarios de la no admisión de la querella presentada el 28 de junio por tres organizaciones de apoyo al pueblo tibetano: el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa Tíbet y Thubten Wangcheng Sherpa Sherpa.

La Sección Cuarta de lo Penal, en decisión adoptada por unanimidad, señala que la denuncia cumple con todas las exigencias establecidas en septiembre pasado por el Tribunal Constitucional para que la Audiencia Nacional pueda investigar genocidios ocurridos en otros países, entre las que ya no está que las víctimas o los verdugos sean españoles. El Constitucional autorizó a enjuiciar el posible genocidio cometido por la dictadura militar guatemalteca en los ochenta, doctrina que fue una revolución. Su primer fruto, la autorización de la investigación del Tíbet. Hay querellas semejantes presentadas sobre Cuba, Ruanda e Irak.

La sala señala que, «sin género de dudas», los hechos que describe la querella pueden constituir un delito de genocidio (actos sistemáticos para destruir un grupo nacional, racial, étnico o religioso). Indica que la persecución y violación de los derechos fundamentales de los tibetanos, la ocupación militar de su país, el exilio obligado de su líder nacional y espiritual, el Dalai Lama, y la represión de sus habitantes está recogida y repudiada por decenas de resoluciones de las Naciones Unidas y de numerosos parlamentos, entre ellos el europeo. Y señala que los hechos no han querido ser investigados por los tribunales locales, los chinos y, al ser anteriores a 1998, quedan fuera de lo que puede enjuiciar la Corte Penal Internacional.

La querella admitida a trámite se dirige contra el ex presidente chino Jiang Zemin, el ex primer ministro Li Peng, el ex ministro de Planificación Familiar Deng Delyun y otros cuatro ex responsables del Partido Comunista Chino y de la policía en el Tíbet.