Si el asesoramiento de un abogado es imprescindible para moverse por los vericuetos de cualquier procedimiento judicial, ¿cómo no va a serlo, por ejemplo, para un inmigrante en situación irregular que afronta un proceso de expulsión? El País Vasco tiene ya un 5% de población de origen extranjero, normalmente inmersa en trámites de regularización o de recurso si ha visto su solicitud rechazada. Y estas personas, como los que han nacido aquí pero carecen de recursos, tienen derecho a la Justicia gratuita. 400 letrados se ocupan de su seguridad jurídica.