Difícil lo tiene cualquiera que intente denunciar una violación de la Ley Antitabaco, ya sea porque los compañeros de la oficina están utilizando el baño de fumadero o porque algún jefe amenaza a cualquiera que pretende salir a la calle a echar un pitillo. De hecho, ayer fue imposible que alguna institución se hiciera cargo de una queja ficticia presentada por este periódico. La «indefinición» y el «descontrol», según diversas autoridades vascas, con los que ha empezado a funcionar la ley, al menos en Euskadi, facilitan saltarse la normativa con total impunidad, ya sea por un lado o por el otro.

Por el momento, no hay inspectores que se dediquen a detectar las posibles infracciones tanto en bares, restaurantes o cualquier establecimiento de cara al público, como en empresas privadas y otros centros de trabajo, pero tampoco es posible poner una denuncia: nadie sabe cómo o dónde se hace.

Las comunidades autónomas tienen la competencia de velar por el cumpliento de la ley. Así lo confirmaban ayer fuentes del Ministerio de Sanidad al ser preguntadas por cómo se está llevando a cabo esta tarea de vigilancia. «Cada autonomía deberá decidir cómo y qué departamentos se hacen cargo de esta tarea», explican, y remiten a los «registros y teléfonos habituales de atención de cada comunidad para presentar las quejas». Pero en el País Vasco, el departamento de Sanidad -en manos del PNV- insiste en que aún no está definido a quién le toca esta responsabilidad y deriva la consulta a Drogodependencias -correspondiente a EB-. Allí permanecen «a la espera de un informe de la Dirección de Desarrollo Autonómico que aclare quién inspecciona, instruye y sanciona en cada caso, ya sean bares, restaurantes, empresas privadas...». Desconocen para cuándo estará listo, pero lo cierto es que, por el momento, nadie está realizando esta labor después de la entrada en vigor de una ley anunciada durante meses.

La directora de Drogodependencias, Belén Bilbao, aseguraba el lunes que la normativa «no clarifica en absoluto» quién debe responsabilizarse de la vigilancia y reconocía que ésta será una labor «costosa» que tendrá que llevarse a cabo «de forma paulatina».

En el Ayuntamiento de Bilbao también achacan este desconocimiento sobre los pasos a seguir a la «indefinición». No saben si el Registro consistorial puede hacerse cargo de denuncias, tal y como aseguran fuentes ministeriales, y al plantear si existe la posibilidad de que un ciudadano se dirija a la Policía local para presentar la queja, la respuesta es que los agentes tienen el deber de recoger cualquier denuncia, pero no está garantizado que ésta llegue a buen puerto. Al menos hasta que se conozcan los resultados de ese informe que acabará con la imprevisión y el descontrol actual.

Denuncia ficticia

El periódico planteó ayer una situación ficticia, la de un trabajador de una pequeña oficina que se decide a poner una denuncia, ya que tanto los compañeros como el jefe, la mayoría fumadores, están infringiendo la nueva ley, vigente desde el 1 de enero. Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad, el primer paso fue llamar a un servicio de atención al ciudadano, en este caso al 900 600 500, el Teléfono del Consumidor del Gobierno vasco.

Trabajador: Quisiera poner una denuncia, porque mis compañeros de oficina no respetan la ley y siguen fumando a mi lado.

Operadora: Ya que ésta es una ley estatal que trae muchos conflictos y problemas de interpretación, son quienes la han dictado los que tienen que decidir y por eso, el Ministerio ha puesto un teléfono a disposición de la ciudadanía para presentar todo tipo de quejas referentes a la nueva normativa.

Denunciante: Pero tengo entendido que es el Gobierno vasco el que tiene las competencias.

Operadora: Pero no en todas las cosas, y ésta es una ley estatal, así que mejor diríjase al 901 445 445.

Una nueva llamada, esta vez a ese número que aconseja la trabajadora del Teléfono del Consumidor, se salda con otro fracaso, ya que a veces comunica y a veces mantiene al interlocutor en una espera que se puede prolongar indefinidamente. Al parecer, este teléfono del Ministerio está saturado, con lo que resulta imposible explicar el problema. De todos modos, allí ya han avisado de que son las autonomías las que tienen que encargarse de vigilar y sancionar.

Con la Policía

Otro intento, esta vez en la Policía Municipal. Un agente escucha atentamente el caso e intenta ofrecer con amabilidad toda la ayuda posible. Pregunta primero, como debe ser, si el trabajador ha denunciado ya la situación a su superior.

Agente: ¿Ya ha presentado la queja a su jefe? Ése es el primer paso que hay que dar.

Trabajador: Sí, ya lo he hecho, pero todos son fumadores, y usted sabe que, a veces, la situación en una empresa pequeña puede llegar a ser difícil.

Agente: Quizás lo mejor sea acudir al teléfono del Ministerio. Dicen los periódicos que atienden a todo el mundo y que ya han recibido un montón de quejas.

Trabajador: No, si ya lo he intentado, pero comunica y no consigo contactar, es imposible. No contestan nunca.

Agente: Vaya, en ese caso, antes de recurrir a la comisaría debe llamar mañana a la Consejería de Sanidad, para que le informen sobre los pasos a seguir.

Pero ese canal también está cerrado, ya que allí ya han explicado antes que aún no se sabe quién se hará cargo de un problema que puede llegar a ser muy real. Y de difícil solución.