El Correo Digital
Miércoles, 4 de enero de 2006
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VIZCAYA
bilbao
El PSE pide una moratoria de seis meses para adoptar una decisión sobre los centros de jubilados
Critica que el cierre del hogar de Santutxu, al no aceptar "pasar de la gestión pública a la privada", se produzca en una época de "especial dureza"
El PSE de Bilbao solicitará en el Pleno del próximo día 26 que se propicie un diálogo con los centros de jubilados de Santutxu, Deusto e Indautxu y se establezca una moratoria de seis meses antes de adoptar una decisión que modique el estatus de estos centros, a fin de acordar con los usuarios el sistema de gestión más adecuado para las personas mayores.
El portavoz socialista, Txema Oleaga, reconoció que la de la decisión de cerrar el centro de Santutxu debido a que los jubilados no aceptan "pasar de gestión pública a la privada" se produce en una época de "especial dureza" para las personas mayores. Asimismo, criticó que se haya "utilizado una medida tan drástica, como si fuera una especie de chantaje para obligar a los jubilados a pasar por una decisión durísima".
Por ello, arremetió contra "la falta de sensibilidad" del Equipo de Gobierno y del área de Acción Social y subrayó que son "perfectamente compatibles" los sistemas de gestión pública con sistemas de autogestión del ocio de las personas mayores, pero que "en ningún caso cabe cerrar un centro y echar a la calle a 7.000 usuarios".
Abonar las subvenciones
Además, aseguró que el área de Acción Social debe "ganarse la credibilidad de las personas mayores", abonando "las subvenciones que aún quedan pendientes" para estos centros. Oleaga subrayó que "no es de recibo que esta actitud sea amparada por el alcalde, Iñaki Azkuna y el Equipo de Gobierno".
Dadas las características de los centros y de las personas usuarias de los mismos lo ideal, a juicio del grupo socialista, sería que el proceso de transferencia se haga de la forma "mas participativa y consensuada posible a fin de evitar decisiones precipitadas que resulten traumáticas" para este colectivo.
A juicio del PSE, "reducir sus derechos o generar incertidumbre" son acciones incompatibles con una concepción solidaria y progresista de una Administración, por lo que exigen un tratamiento "exquisito" en las formas y "lo más consensuado posible" en sus contenidos, "huyendo de la imposición".



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