La estafa del trabajador ficticio

Roberto Jiménez, nombre ficticio de un hostelero bilbaíno, recibió el pasado 12 de marzo una notificación de la Subdelegación del Gobierno en Álava comunicándole que Miloud Kaibou, un ciudadano de nacionalidad argelina, había solicitado cuatro días antes en la Oficina de Extranjería de Vitoria una autorización de residencia temporal "por razones de arraigo social". Kaibou se acogió al amparo de lo previsto en el artículo 31 de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El asombro del empresario fue mayúsculo al cerciorarse de que, junto a dicha petición, el interesado había presentado un contrato de trabajo por un periodo "no inferior a un año" en el que él figuraba como "empleador", pese a no haber cruzado nunca una sola palabra con el supuesto camarero.

La preocupación del dueño del bar, emplazado en el barrio de San Ignacio, se acentuó al constatar que la legislación vigente tipifica como infracción muy grave "la simulación de relación laboral" con un ciudadano de otro país cuando dicha conducta se realiza "con ánimo de lucro" o con el propósito de obtener "indebidamente derechos reconocidos en esta ley". La normativa contempla en estos casos multas de entre 10.001 y 100.000 euros para los empresarios infractores.

Jiménez puso el asunto primero en conocimiento de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, a la que lleva afiliado "toda la vida", según explica Ángel Gago, presidente de esta organización profesional; después, comunicó a la jefa de la Oficina de Extranjería que no conocía a ninguna persona con ese nombre y mucho menos que hubiera formalizado una relación laboral por esas fechas con el objeto de que le echaran una mano en su establecimiento. "Ni he realizado con el ciudadano citado ningún contrato de trabajo ni tengo relación alguna con el mismo. En suma, no le conozco de nada", subrayó. Instó, asimismo, a los responsables gubernamentales a que "procedieran en consecuencia" y subsanaran el error.

Zakaria en vez de Miloud

Sin embargo, mes y medio después, el mismo hostelero no dio crédito al recibir un nuevo comunicado calcado al primero. El escrito, fechado el 2 de mayo, sólo aportaba una novedad. Cambiaba el nombre de Miloud Kaibou por el de Zakaria Ait Ichou, un inmigrante marroquí al que la Seguridad Social había dado de alta como camarero en el mismo bar. Angustiado, Jiménez insistió en que tampoco conocía a Zakaria y, por supuesto, volvió a dejar claro que nunca había pisado su local ni trabajaba allí. El empresario vizcaíno remitió una carta a Inmaculada Martínez, responsable del departamento de regularización de extranjeros, para recordarle que "por segunda vez" estaban utilizando su establecimiento como tapadera para la comisión de "un fraude".

Por sorprendente que parezca, casos como el de San Ignacio se están multiplicando en Bizkaia durante los últimos meses. También en Álava y Gipuzkoa, aunque en menor número. La Policía es consciente de que individuos, en su mayoría de otros países, falsifican "todo tipo de documentaciones" -carnés de identidad, permisos de conducir y pasaportes, especialmente-, para montar empresas ficticias y "simular" relaciones laborales" a fin de estafar a la Seguridad Social y a compatriotas, a los que se comprometen a regularizar su situación, previo pago de fuertes sumas de dinero. Según Manuel de la Fuente, comisario de la Unidad Territorial de Extranjería y Fronteras, el "'empleado' suele abonar al 'empleado' una cantidad que oscila entre los 1.500 y 5.000 euros. Solamente por el mero hecho de confeccionar un contrato laboral". Falso, por supuesto.

El número de detenciones derivadas de estas prácticas delictivas ha aumentado un 50% en los ocho primeros meses de este año. Los arrestos entre el 1 de enero y el 31 de agosto se han disparado hasta los 157 frente a los 107 contabilizados en el mismo periodo de 2012. Sin embargo, De la Fuente maneja una certeza: se están produciendo "muchísimos más casos que resulta imposible cuantificar". De ahí que el Cuerpo Nacional de Policía haya intensificado la lucha contra los delitos de falsificación de documentos de viaje e identidad. Además, ha decidido estrechar el celo en la comprobación y verificación.