Costes del terror

La protección de las personas amenazadas por ETA o susceptibles de convertirse en su objetivo ha añadido al lacerante coste personal y familiar que supone vivir en tales condiciones un ingente gasto para las arcas públicas, estimado en 1.625 millones de euros en Euskadi desde el año 2000. Las instituciones no se mostraron especialmente diligentes a la hora de adelantarse a los hechos del terror, y respondieron demasiado tarde y de forma titubeante para preservar la integridad de las posibles víctimas. Aunque en realidad reflejaban la mezcla de indiferencia, aturdimiento y escepticismo con el que la inmensa mayoría de la opinión pública vasca barajaba la hipótesis de un recrudecimiento de la violencia etarra al margen de sus atentados contra miembros de institutos armados. Las sucesivas treguas y los momentos de menor actividad terrorista adormecían la inquietud social y extendían la convicción de que lo peor ya había pasado. La violencia de persecución, que pretendía «socializar el dolor» según la jerga victimista de ETA, amplió el listado de las personas bajo coacción y amenaza, integrando a todos los cargos públicos de las formaciones más abiertamente enfrentadas al totalitarismo terrorista, a jueces y fiscales, a señalados profesores de universidad y a periodistas, todos ellos considerados agentes del conflicto. Su protección efectiva formaba parte de la defensa de la vida como derecho inviolable, pero también de la defensa de la democracia frente a la impunidad ambiental en la que se movían los perseguidores y los informadores de ETA. Escoltados y escoltas tuvieron que soportar en demasiadas ocasiones la incomprensión y el gesto esquivo de convecinos, mientras sus días transcurrían en un interminable estado de excepción. La magnitud del coste económico da cuenta fehaciente de la dimensión que llegó a adquirir la amenaza etarra sobre la existencia y cotidianidad de tantas familias. El esfuerzo no fue ni tan precoz ni tan eficaz como para evitar el asesinato de aquellas personas a las que la protección no les llegó a tiempo o no les resultó suficiente. Los meses transcurridos desde que ETA anunciara el cese indefinido y luego definitivo de su «actividad armada» han bastado para que nadie necesite prevenir emboscadas en las calles de Euskadi ni velar por su seguridad frente al terror. Escoltados y escoltas han sido protagonistas principales de la derrota de ETA. Tanto que ahora parece inimaginable que hubiesen existido alguna vez.