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Los políticos no acudirán al juicio en Luxemburgo sobre la fiscalidad vasca

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Los políticos no acudirán al juicio en Luxemburgo sobre la fiscalidad vasca

Tan solo el diputado general de Álava, Javier de Andrés, estará presente en la Corte de Luxemburgo mientras que el resto de instituciones enviarán a representantes de segundo nivel

09.09.13 - 00:01 -
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El Tribunal de la Unión Europea juzgará mañana en Luxemburgo si las diputaciones forales han ejecutado de forma adecuada la orden dada por la Comisión en 2006: recuperar las ayudas fiscales concedidas a casi 300 empresas en la década de los años 90 y que fueron declaradas ilegales. La Gran Sala, el lugar en el que se celebran las vistas más importantes, no resulta en algunas ocasiones un lugar suficientemente atractivo para los altos cargos de la Administración vasca y la representación prevista es bastante floja. Tan solo el diputado general de Álava, el popular Javier de Andrés, ha anunciado su presencia en el juicio entre los responsables de primer nivel. Bizkaia, Gipuzkoa y el Gobierno vasco tienen previsto enviar a representantes con rango de director.

El Tribunal ya sentenció en 2006 que la rebaja de impuestos era ilegal. No porque las diputaciones se hubiesen excedido en sus competencias al situar la tributación por debajo de lo que estaba vigente en el resto del territorio español -ya ha quedado claro que lo pueden hacer-, sino por haberlo ejecutado con una fórmula que dañaba la competencia y que discriminaba a las empresas de la propia comunidad autónoma. En unos casos, por beneficiar a empresas de nueva creación frente a las ya existentes y, en otros, por incentivar las inversiones que superaban los 15 millones de euros con deducciones de hasta el 45%, a las que no podían acceder las compañías que invirtiesen cantidades inferiores. Mañana, lo que está en tela de juicio es si las diputaciones han recuperado de las empresas esas ayudas o no. Y ahí, las diputaciones aseguran que lo han hecho, mientras que la Comisión sostiene que no del todo. Y pide por ello que se imponga una multa millonaria al Reino de España -recaería de forma inmediata sobre las diputaciones forales- que crezca cada día que pase sin satisfacer sus deseos. A estas alturas, el contador de la multa propuesta roza ya los 64 millones de euros y crecería a un ritmo de siete millones mensuales si el Tribunal acepta la propuesta de la Comisión.

La representación institucional vasca en los juicios del Tribunal de Luxemburgo que han abordado cuestiones relacionadas con la fiscalidad vasca ha vivido momentos más estelares. En especial, en febrero de 2008, cuando la Corte comunitaria analizó la capacidad de las diputaciones para elaborar normas fiscales diferentes a las españolas. Un juicio que derivó en un auténtico espaldarazo al Concierto Económico, ya que el Tribunal sentenció que el Concierto y la Constitución Española otorgaban un marco adecuado para que los territorios vascos tuviesen plena capacidad normativa en materia de impuestos. En aquella ocasión, el Gobierno vasco desplazó a Luxemburgo a la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia. Acudieron también los diputados generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa -José Luis Bilbao, Xabier Aguirre y Markel Olano, respectivamente-, junto a una amplia representación de las organizaciones empresariales y las cámaras de comercio.

Claro que, a diferencia del caso que nos ocupa ahora, en que las instituciones forales pueden salir del proceso con una reprimenda de mayor o menor intensidad dialéctica y más o menos ceros en la hipotética multa, en aquel juicio de 2008 el viento soplaba a favor. Unos meses antes, la Abogada General asignada al caso -con un papel asimilable al del fiscal en el sistema procesal español-, la alemana Juliane Kokott, había emitido un informe que suponía un respaldo firme y sin fisuras hacia las tesis vascas, al reconocer que las Diputaciones podían elaborar su propia normativa fiscal. A sabiendas de que la posición de los abogados generales en la Corte de la UE es refrendada por los magistrados en un altísimo porcentaje, aquello era como tirar a parado. En el caso se que ve el martes, el tribunal no ha solicitado la intervención de un abogado general -lo puede hacer a posteriori, tras la celebración de la vista y para recabar una opinión neutral- de ahí que no se sepa por dónde sopla el viento. Y ante la duda...

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La sala del Tribunal de Luxemburgo donde se celebró el juicio sobre el caso de la fiscalidad vasca en 2008. / Efe

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