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Urkullu, Azkuna y las mezquitas

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Urkullu, Azkuna y las mezquitas

El Gobierno vasco aplaza la ley de centros de culto y el Ayuntamiento de Bilbao manda a los musulmanes a la periferia

03.07.13 - 00:03 -
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Entre los 29 proyectos de ley que el Gobierno vasco pretende desarrollar a lo largo de esta legislatura no figura el de centros de culto que se quedó en el cajón del anterior Ejecutivo por apenas un mes. La iniciativa pretendía proporcionar un ordenamiento jurídico y dar cobertura a los ayuntamientos ante la sucesión de conflictos en el ámbito de la gestión de la diversidad religiosa en Euskadi. El Gobierno de Patxi López sostuvo que no se trataba de fomentar la diversidad religiosa, sino de asegurar que la libertad de culto se pueda ejercer, en plena armonía con un principio de no discriminación y garantía de derechos. La doctrina es que hay una responsabilidad pública a la hora de armonizar y acomodar estos derechos.

El texto estaba muy cerrado –incluso se había adelantado el Reglamento– y muy pacificado, pues su contenido había logrado un alto grado de consenso con las confesiones religiosas, los ayuntamientos y la jerarquía católica vasca. El anteproyecto, que mejoraba la ley catalana –pionera en España–, había levantado expectación en otras comunidades autónomas, dispuestas a copiarlo una vez que hubiera salido adelante en el Parlamento vasco. Sus impulsores, que no descartan insistir en su tramitación, confiaban en que fuera una ley que sirviera para desactivar los casos de xenofobia.

La norma, sin embargo, recogía un aspecto polémico, ya que obligaba a los municipios a reservar suelo destinado a equipamientos comunitarios para usos religiosos. Y en ese punto choca con los ayuntamientos, muy celosos con su autonomía municipal. Es evidente que el Gobierno de Urkullu ha marcado otras prioridades y no ha concedido peso político a esta iniciativa. Es una forma, también, de no meterse en más líos, de evitar conflictos, y dejar a los consistorios que regulen como quieran su planeamientos urbanos.

Bilbao está en ello. El equipo municipal del PNV ha elaborado una propuesta para modificar el Plan General de Ordenación Urbana con el objetivo de impedir la ubicación de centros de culto en los bajos de edificios residenciales. La iniciativa se cayó del último pleno por la ausencia del alcalde, Iñaki Azkuna, aún convaleciente, lo que privaba al equipo de gobierno de la mayoría absoluta, y en esta cuestión quieren valerse de sus propias fuerzas para evitar apoyos comprometedores. En una entrevista con motivo de las elecciones autonómicas, se le preguntó a Antonio Basagoiti qué votaría si en su barrio hicieran una consulta para levantar una mezquita: «Lo mismo que Azkuna», contestó el exlíder del PP vasco.

Para algunos, se trata de prohibir la práctica de la religión musulmana, dadas las reacciones que ha suscitado en algunos vecindarios cuando se ha intentado abrir un oratorio de esta confesión. Bilbao envía estos templos fuera del tejido urbano, de la ciudad compacta donde hay vida, a la periferia o a los polígonos casi industriales. Y convierte a los seguidores de este credo en una especie de ‘poligoneros’. Sin embargo, echa mano de los imanes cuando se trata de encauzar la conflictividad social en un barrio determinado. Es una contradicción. Una quincena de asociaciones advirtieron hace algunos meses que la medida provocará mayores tensiones sociales «al obstaculizar la convivencia normalizada de ciudadanos con diversas religiones».

Es un asunto muy delicado. Aunque no se está hablando de mezquitas con minaretes, su apertura suscita un cierto rechazo. Un estudio del Gobierno vasco concluía, en mayo de 2012, que la mayoría de los vascos apoyaban la regulación de los derechos de todos los credos religiosos. Y aunque crecía la tolerancia a los centros de culto, persistían los recelos a las mezquitas: a un 23% les molestaría mucho o bastante un recinto de credo musulmán. Y a un 38% le parecía mal reservar suelo para equipamientos de uso religioso. Entre los datos recogidos por el Observatorio Vasco de Inmigración en su último barómetro destaca que un 69,4% de los ciudadanos cree que los inmigrantes deben renunciar a los aspectos de su religión o cultura que entren en conflicto con la legislación local. Parece que la actitud se ha vuelto menos tolerante y más restrictiva y existe un rechazo cuando las minorías se expresan y se exhiben de manera pública.

En una materia tan sensible, Azkuna, de espíritu liberal, ha intentado pisar por donde pisa el buey, manteniendo equilibrios inestables. El alcalde ha sido crítico con la oposición vecinal a nuevas mezquitas y a los musulmanes les ha pedido paciencia, «ir poco a poco». El nuevo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao, Ibon Areso, señaló en su día sobre esta cuestión que «no estamos haciendo nada de teología, estamos haciendo urbanismo». Los críticos del edil jeltzale le responden que «no se trata de teología, sino de derechos constitucionales». Y no es un asunto de monocultivo ideológico. Aquí lo ha impulsado el PNV, pero en Tarragona, por ejemplo, lo activó el PSC, y el PP quería una normativa mucho más restrictiva.

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