La reforma laboral colapsa los juzgados vascos, que ya acumulan más de 13.000 casos

Los juzgados de lo Social no dan abasto. Uno de los pocos estamentos judiciales que funcionaba en España con plazos homologables a Europa se encuentra desbordado. Los plazos habituales para resolver una demanda han pasado desde los 2 ó 3 meses a 6 u 8 e incluso a más de un año y amenazan con empeorar. La causa hay que buscarla en la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy de 2012, que ha forzado la judicialización de unas relaciones laborales ya de por sí objeto frecuente de litigios.

Los tribunales vascos no son una excepción, y ya no dan más de sí. El año pasado resolvieron un total de 18.030 casos, una cifra sin precedentes, y conseguir una sentencia cada vez cuesta más tiempo. En torno a 8 ó 10 meses, según asegura Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País vasco (TSJPV); los casos de despidos y otros urgentes se resuelven en cuatro meses, y en menos incluso en asuntos de extrema necesidad. Curiosamente, sin embargo, en el Tribunal Superior los plazos habituales se mantienen o bajan, aunque con trampa: la reciente imposición de tasas judiciales a los recursos de súplica, que desanima a los litigantes.

Uno de los juzgados de lo social de Bilbao inspeccionado la semana pasada los de Vitoria y San Sebastián están mejor, precisa Biurrun recibió 1.150 casos el año pasado, sin contar asuntos menores. Y hasta el 30 de abril de este año sumaba ya 470. Son cifras que sirven para cualquiera de los otros nuevos juzgados, indica. De ahí que, si se tienen en cuenta los casos resueltos el año pasado, los especialistas estiman que al menos 13.000 demandas esperan pronunciamiento de los magistrados de lo social en la comunidad autónoma. «Un drama», apunta la responsable judicial.

Y el problema no tiene fácil solución. Aunque «se resuelve en torno al 60% de los casos que entran», explica Biurrun, lo cierto es que el resto se va acumulando y no cabe esperar que bajen las demandas. Todo lo contrario; antes de dos meses, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos el temido 'efecto 7 de julio' provocará una nueva oleada de reclamaciones ante los tribunales que resuelven los asuntos laborales.

Los jueces están ya trabajando al límite de sus posibilidades. La magistrada recuerda que el pleno del Consejo General del Poder Judicial del 21 de enero pasado estableció que la carga de trabajo de un juzgado de lo social debería estar entre los 670 y los 800 casos anuales. En 2012, en los 20 que hay Euskadi la media fue de 900: cuatro cada día de jornada laboral del juez. Pero eso no es todo, los titulares tienen que cubrir posibles ausencias de sus compañeros realizando guardias cuando les corresponden.

Más juzgados

La solución es poner más juzgados. La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior vasco revela que se han pedido «tres o cuatro para Bilbao» y sumar el de Eibar el que menos carga de trabajo tiene a los cinco de San Sebastián. Vitoria mantendría los cuatro que tiene.

Los abogados laboralistas consultados coinciden en que estos retrasos perjudican sobre todo a los trabajadores. Cuando se celebra un juicio ocho o nueve meses después de haber presentado la demanda, explica Alberto Abasolo, letrado decano de los servicios jurídicos del sindicato ELA, la empresa puede haber cerrado ya sus puertas o el trabajador haber perdido su motivación.

La situación es especialmente grave cuando el asalariado pide la extinción del contrato de trabajo por impago de salarios, apunta. Para cuando llega la resolución del juez, la empresa ha presentado ya, lamenta, concurso de acreedores, y ello tiene consecuencias: el trabajador tiene menos posibilidades de cobrar completa la indemnización que le corresponde y, además, la cantidad que aporta el Fogasa es algo inferior en esas circunstancias. La magistrada Biurrun discrepa al respecto y asegura que la indemnización no se ve afectada.

En donde hay cierta diferencia de criterios entre los letrados es en la orientación del pronunciamiento de los jueces. Así, Abasolo asegura que «son pocos los que aplican el criterio de proporcionalidad y racionalidad» en las demandas que tienen su origen en la nueva regulación laboral, por lo que la «mayoría de los despidos objetivos son declarados procedentes», salvo que haya defectos de notificación.

Sin embargo, para José Ramón Pascual, de Asesoría Algorta, que lleva indistintamente casos de empresarios y de trabajadores, los jueces están aplicando con sus sentencias una auténtica «contrarreforma laboral», ya que se utilizan los defectos de forma para anular decisiones sobre expedientes de regulación de empleo y despidos objetivos. Y el trabajador es el más perjudicado por los retrasos, reconoce, porque se han suprimido los salarios de tramitación, que le permitían recuperar su retribución cuando ganaba su demanda.

Sentido común

Josu López, de los servicios jurídicos de UGT, piensa, en cambio, que los jueces están aplicando un «criterio de razonabilidad», en especial en los EREs, que ponen un «punto de sentido común» y aportan «seguridad» frente a la «arbitrariedades» que puede haber propiciado la reforma laboral. Y los retrasos, añade, perjudican sobre todo a los empleados, en especial en los casos de despido, donde a veces está en juego el «sustento» de una familia.

Con una auténtica avalancha de 'papel' sobre su mesa, en muy pocas ocasiones los juzgados son capaces de resolver un caso en unas semanas, como sucedía antes de la reforma laboral. Solo en los procedimientos en que están en juego derechos fundamentales, el personal judicial logra «abrir un hueco» y colocar una vista para una fecha próxima, señala Pascual. Es el caso de una demanda por 'mobbing', que va a verse en los próximos días, solo cinco semanas después de ser presentada, precisa. También la exigencia de reducción de jornada de un trabajador ha logrado tratamiento «urgente», señala Abasolo.

López explica que los casos urgentes están siendo fijados «para octubre». Afortunadamente, añade, los conflictos laborales en los juzgados no han provocado aplazamientos de las vistas fijadas, porque hay servicios mínimos. En el resto de los casos, las fechas suelen adjudicarse «por orden de entrada», coinciden todos.

La reforma laboral está en el origen de esta etapa de congestión, coinciden los consultados, porque ha disparado los casos de despidos por causas objetivas y por modificación sustancial de las condiciones de trabajo (reducciones de jornada y de salarios, precisa Biurrun), aunque también son frecuentes las demandas por sanciones y por las extinciones de contrato como consecuencia de los numerosos concursos de acreedores.

Y lo peor puede estar por llegar. La pérdida de vigencia de gran número de convenios colectivos a partir del 7 de julio y las condiciones que se apliquen a los trabajadores dispararán las demandas, vaticina Pascual, quien piensa que esos procesos estarán relacionados con los derechos adquiridos por los trabajadores. Se trata de una opinión que el letrado de ELA sólo comparte parcialmente, ya que ve «difícil de imaginar» un empeoramiento de la actual situación. Josu López, de UGT, por su parte, cree que se originará un «abismo» que se va a ver muy matizado por «el sentido común», que obligará a las partes a negociar. Se abrirá a su juicio una nueva etapa en los juzgados de lo Social, en la que criterios jurídicos novedosos como los derechos adquiridos serán debatidos en los tribunales.