La Audiencia de Palma anula la imputación de la infanta

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha revocado (por dos votos a favor y uno en contra) la decisión del juez José Castro de citar como imputada la infanta Cristina como cómplice o cooperadora necesaria de los delitos económicos cometidos por su marido Iñaki Urdangarin. Los magistrados son tajantes: "No hay indicios vehementes, ni sobre este punto se pronuncia el auto recurrido, es de que la Infanta conociera, se concertase, ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres, tendente a cometer un fraude a la administración con ocasión de los contratos de colaboración a que se contrae la presente causa, ni a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos".

Los magistrados Diego Jesús Gómez-Reino Delgado (ponente del fallo) Juan Jiménez y Mónica de la Serna -tras adelantar la deliberación que estaba prevista para el 20 de mayo y sin celebrar una vista pública ni privada, en la que escuchar los argumentos de las partes- han "estimado parcialmente" el recurso del fiscal Pedro Horrach. Anticorrupción recurrió la decisión de Castro de acusar formalmente a la hija menor del Rey Juan Carlos al entender que en el sumario no hay pruebas suficientes de que estuviera al tanto de los negocios de su marido al frente y, aún menos, de que participara activamente en ellos, ni siquiera en Aizoon, la empresa de la que es coopropietaria al 50% y que sirvió para desviar a bolsillos privados cerca de un millón de euros públicos.

En una resolución de 61 páginas, la Sala asevera que la conducta de la Infanta como vocal del Instituto Nóos no merece "reproche penal" al no vislumbrar su colaboración en una trama "tendente a cometer un fraude a la Administración" en virtud de los distintos convenios de colaboración suscritos entre la entidad y las Comunidades valenciana y balear, "ni a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos". Y es que, a juicio del tribunal, el hecho de que tanto la hija del Rey como el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, figuraran en un folleto ilustrativo de Nóos como miembros de su junta directiva "carece de trascendencia penal" para deducir por ello que incurrió en un delito de tráfico de influencias.

"Las anteriores circunstancias constituyen efectivamente, en cierto modo, una influencia, pero no con el alcance típico" que se requiere para la comisión de esta infracción penal, incide la Sala al respecto, considerando que la presencia de ambos en un folleto informativo se entiende como "una especie de carta de recomendación o de presentación del Instituto Nóos ante posibles clientes y administraciones públicas, pero en modo alguna nos hallaríamos en presencia de una influencia típicamente antijurídica".

'Cómplice' de Iñaki

La infanta Cristina fue citada a declarar como imputada el 27 de abril por el juez Castro en un auto que dictó el pasado día 3, pero el señalamiento fue cancelado dos días después, tras la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir que fuera revocada la imputación.

El magistrado citó a la infanta como imputada al apreciar indicios de que pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera usado por Urdangarin y su antiguo socio, Diego Torres, en las actividades de Nóos, lo que podría constituir "un supuesto de cooperación necesaria" o "complicidad" en los delitos por los que se les procesa a ambos.

Dos días después, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach presentó un recurso en el que solicitaba la revocación de la imputación, así como la suspensión de la citación para declarar que se había fijado el 27 de abril. La petición de Horrach fue atendida de inmediato por Castro que dejó en suspenso la imputación, pasando la patata caliente sobre el futuro procesal de la infanta a sus superiores de la Audiencia Provincial, que ahora ya han decidido.

Horrach se opuso a interrogar a Cristina de Borbón porque consideraba que los indicios de cooperación o complicidad que apunta el juez son meras "sospechas personales" o circunstancias "inocuas", "inconsistentes", "equívocas" o "especulativas" y asegura en el recurso que "el procedimiento judicial persigue la búsqueda de la verdad material, no de ajustarla a expectativas o sospechas personales, deformándola".

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ya decidió sobre el recurso de apelación que planteó el sindicato Manos Limpias contra el auto del juez del 5 de marzo de 2012, en el que rechazó imputar a la infanta Cristina. En esa ocasión, el auto en el que la Audiencia Provincial rechazó que se citara a la duquesa de Palma fue dictado el 12 de julio de 2012, cuatro meses después de que el juez desestimara imputarla.