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Libertad para seguir en el puesto de trabajo tras cumplir los 65 años

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Libertad para seguir en el puesto de trabajo tras cumplir los 65 años

Una sentencia del Tribunal Superior vasco obliga a indemnizar por despido improcedente a un trabajador en edad de jubilarse

07.04.13 - 00:15 -
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La puesta en marcha por parte del Gobierno de medidas que hacen compatible el cobro del 50% de la pensión de jubilación con un salario ha puesto de actualidad un asunto que trae de cabeza a algunas empresas y que muchos trabajadores desconocen: la jubilación a los 65 años (más en concreto a los 65 años y un mes actualmente vigentes para las personas que no hayan cotizado 38,5 años) es una opción voluntaria del interesado, que puede seguir trabajando en su empresa, salvo que el convenio colectivo diga lo contrario.

E incluso cuando el convenio colectivo dice lo contrario –que la jubilación sea obligatoria a los 65 años– ha de cumplir con las condiciones fijadas por el Estatuto de los Trabajadores y la interpretación judicial de las mismas, que son bastante estrictas al respecto. Esa regulación ha llevado en los últimos tiempos a algunos trabajadores a denunciar a sus empresas por despido improcedente tras cumplir los 65 años, con el resultado final de conseguir una indemnización o la reincorporación su puesto de trabajo tras cobrar los meses de salario perdido en el periodo de litigación (salarios de tramitación).

Tras la reforma laboral de 2012, está prohibido incluir este tipo de cláusulas en los nuevos convenios colectivos, que irán desapareciendo de los mismos a medida que cumplan su vigencia.

Uno de los últimos pronunciamientos judiciales sobre esta materia ha tenido lugar en Bilbao, fruto de un caso planteado por la letrada Paulina Romero, del despacho Lege-Berri Abogados, en defensa de un trabajador de una empresa del sector químico. Se trata de una sentencia del la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), pero existen ya otras del Tribunal Supremo y tribunales superiores autonómicos con fallos similares.

El Tribunal Superior vasco, en un fallo del pasado 5 de marzo, admitía un recurso del trabajador T. D. y declaraba la "improcedencia" del despido realizado el 20 de abril de 2012 por la empresa B. Q. SA, a la que condenaba a readmitirlo, abonándole los salarios de tramitación de casi un año, o a indemnizarlo con 42 mensualidades de salario.

Hasta aquí todo podría ser normal, y frecuente incluso. Pero lo que no lo es tanto es que se trata de un empleado de elevado nivel –jefe de ventas de una gran empresa del sector químico– que fue obligado a jubilarse en la fecha de su 65 cumpleaños, con casi 40 años de antigüedad en la misma.

¿Por qué un trabajador se rebela de esta forma contra su compañía después de cuatro décadas?. Pues aparte motivos personales y/o profesionales, porque al final de su carrera laboral fue ‘maltratado’ por la empresa, que le obligó a realizar funciones que no le correspondían, y en su urgencia por desprenderse de él le obligó a coger vacaciones forzosas el mes previo al cumplimiento de los 65 años. Esa es la interpretación de Paulina Romero, que se ve avalada por los hechos constatados que aparecen en el texto judicial.

El convenio colectivo (artículo 84) del sector que se aplica en la empresa recoge la obligatoriedad de jubilarse a los 65 años, siempre que el afectado reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación y que no se produzca amortización del puesto de trabajo.

Pero esto no es suficiente, porque el Estatuto de los Trabajadores establece que la fijación en un convenio colectivo de la jubilación forzosa deberá vincularse a objetivos coherentes con la política de empleo, tales como la mejora de la estabilidad, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otras que se dirijan a favorecer la calidad del empleo.

Además, la interpretación judicial que se ha venido dando a esta obligación es muy estricta y son ya varias las sentencias que han obligado a las empresas a readmitir o indemnizar a sus trabajadores tras haberse desprendido de ellos a los 65 años.

En el caso concreto del trabajador T. D, el tribunal señala que en el supuesto estudiado el convenio colectivo no cumple en su artículo 84 con las condiciones que establece el Estatuto de los Trabajadores. No basta, señala, sustituir un empleado por otro, que viene a ser, a grandes rasgos, lo que indica el convenio colectivo.

Y es que, para que se produzca ese cumplimiento, señala, debe darse un triple y redundante objetivo: estabilidad en el empleo (conversión de contratos temporales en fijos), sostenibilidad del mismo (nuevas contrataciones) y incremento de la calidad (medidas variadas).

Por otro lado, la sentencia añade que la "inobservancia" en el convenio colectivo de la obligación empresarial de creación de empleo o mejora de la estabilidad lo lleva a declarar el despido "improcedente" y no "nulo", dado que por "motivos de edad" del trabajador, la decisión adoptada no vulnera sus derechos fundamentales.

Paulina Romero señala al comentar el fallo que "con frecuencia" algunas empresas hacen la vida imposible a sus trabajadores para que abandonen su empleo a los 65 años, una práctica que los pronunciamientos judiciales están atajando.

Esta situación, precisa, se da sobre todo en las grandes compañías, que quieren aprovechar la jubilación de sus trabajadores para reducir costes y/o empleo, por el método de sustituir al trabajador retirado por otro de menor categoría, como sucedió en el caso objeto de sentencia.

En el caso de las pymes, añade, la relaciones entre el trabajador y la empresa son más cercanas y el puesto vacante suele ser cubierto por otro trabajador con la misma categoría, por lo que prácticamente no se conocen casos que hayan sido llevados a los tribunales con esta temática.

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La jubilación a los 65 años puede ser una opción voluntaria del trabajador. / Reuters

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