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Mercedes Alaya, un dolor de cabeza

la jueza regresa implacable

Mercedes Alaya, un dolor de cabeza

Después de una baja de seis meses por fuertes neuralgias, la enigmática jueza de los ERE falsos de Andalucía pone patas arriba el Gobierno Griñán e implica a los sindicatos en el cobro de comisiones

28.03.13 - 00:15 -
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Mercedes Alaya, un dolor de cabeza
Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla. /Raúl Caro

Según los expertos, la sensación es similar a la de recibir un disparo en plena cara: un latigazo de intenso dolor en el rostro que paraliza y acobarda. Claro que quienes padecen de neuralgia del nervio trigémino no reciben un tiro, sino cientos, y a veces en un mismo día.

Cualquier roce puede desencadenar un episodio: lavarse los dientes, aplicarse maquillaje o incluso el simple contacto con una corriente de aire. Supone tal tortura que también recibe el nombre de enfermedad del suicidio, ya que algunos pacientes optaban por quitarse la vida para acabar con el sufrimiento cuando aún no se habían descubierto tratamientos eficaces.

Este es el mal que ha mantenido apartada del trabajo durante seis meses a la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE de Andalucía. Con la piel algo más blanca que de costumbre, visiblemente más delgada, reaparecía a principios de mes en el juzgado de Sevilla. A simple vista, son los únicos cambios que se han operado en ella durante este medio año de baja: su aire enigmático, su elegancia y su seriedad permanecen intactos. Como su entrega. Tras su reincorporación, han bastado unos días para que quienes auguraban que la reciente enfermedad afectaría a su ritmo de trabajo comprendiesen lo equivocados que estaban: si antes de su marcha podía hablarse de una actividad endiablada, lo de ahora es ya puro frenesí. Veintidós detenidos, siete encarcelados y una sesión ininterrumpida de interrogatorios de veinticuatro horas son la prueba de que se encuentra en plena forma.

Es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha llamado la atención a la jueza sobre la necesidad de acelerar la instrucción de las grandes causas que está investigando, cuya complejidad, unida a la meticulosidad con que trabaja, están contribuyendo a alargarla. En su ausencia, dos magistrados –Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes– se habían hecho cargo de los procesos, que hicieron avanzar muy lentamente; a su vuelta, Alaya ha insistido en continuar en exclusiva con las investigaciones, sin ceder a las presiones del TSJA para que las comparta y así agilizarlas.

La jueza dio un golpe de efecto la semana pasada poniendo en marcha la ‘Operación Heracles’, en la que dos centenares de agentes de la Guardia Civil a sus órdenes realizaron trece registros en siete provincias y practicaron una veintena de detenciones. Este nuevo impulso que ha dado a su trabajo la magistrada apunta directamente a los intermediarios que se metieron dinero en el bolsillo por la concesión de los ERE fraudulentos. Para Mercedes Alaya, la cantidad de dinero defraudado asciende ya a 136 millones, repartida entre las comisiones infladas (50 millones), las ayudas a empresas concedidas de forma irregular por la Junta de Andalucía (74 millones), y los doce millones que se llevaron los 126 intrusos a quienes se regaló una prejubilación a pesar de no haber trabajado nunca en esas compañías.

Serpiente que hipnotiza

Los ERE fraudulentos se destaparon a raíz de otra investigación –el caso Mercasevilla–, también a cargo de Alaya. Después de descubrir a varios ‘extraños’ en las listas de beneficiarios de prejubilaciones en Mercasevilla, la jueza decidió investigar otros ERE subvencionados, como éste, por el Gobierno andaluz. En total, entre 2001 y 2010 se emplearon 720 millones de dinero público en ayudas a empresas en crisis, y falta por aclarar cuántos se concedieron de forma correcta. Ella cree que muy pocos.

Los últimos hallazgos del caso revelan que la propia concesión de ayudas se convertía en un verdadero negocio, pues servía para regar de comisiones abultadas a las dos consultoras que se encargaban de las tramitaciones (Vitalia y Uniter). Para hacerse una idea aproximada: si lo habitual es que una firma de este tipo se lleve el 3% de cada ERE, éstas podían inflar la factura hasta el 29%.

Son los responsables de este engaño los últimos que han desfilado ante Mercedes Alaya, que lleva camino de convertir sus interrogatorios en algo legendario. El año pasado dejó pasmados a quienes asistieron a sus encuentros con Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo célebre por sus juergas con prostitutas y cocaína: llegaron a compararla con una serpiente que hipnotiza a su víctima antes de acabar con ella. Dura y cruel en otras ocasiones –hasta el extremo de motivar quejas de los acusados– se mostró afable y simpática con el presunto cerebro de la trama, ante quien desplegó todos sus encantos. Eso sí, la conversación animada y las risas cómplices no impidieron que Guerrero acabara entre rejas.

El pasado sábado, Alaya ofreció la otra versión de sí misma: volvió a ser la investigadora inquisitiva, incansable y tenaz, capaz de doblegar voluntades. Viéndola salir del juzgado a primera hora de la tarde, siempre bien vestida –pantalón estampado y jersey fino–, con gafas de sol y arrastrando su inseparable maleta de documentación, nadie imaginaría que acababa de terminar una maratoniana jornada que había empezado exactamente veinticuatro horas antes. Si sus compañeros ya admiraban su capacidad de saltarse comidas para permanecer horas y horas detrás de la mesa de su despacho, ahora han podido comprobar que también puede prescindir de dormir cuando tiene algo interesante entre manos.

Aura de misterio

Así como Javier Guerrero se convirtió en el gran protagonista durante la primera parte de la instrucción, las nuevas pesquisas siguen añadiendo nombres a la nómina de personajes controvertidos. Entre toda esa lista de presuntos caraduras ha ganado relevancia Juan Lanzas, un exsindicalista de UGT, que actuó como intermediario en los ERE, y que, según la jueza, llegó a embolsarse 13 millones de euros desde 1990, un dinero con el que pudo comprarse cuatro viviendas y un apartamento en la playa. En el registro del domicilio de sus padres, los perros de la Guardia Civil encontraron 82.000 euros en fajos de billetes metidos debajo de un colchón.

No obstante, ninguno de estos individuos logra hacer sombra a Mercedes Alaya, que ha vuelto a su rutina de trabajo como si nada hubiera pasado. Igual que sucedía antes de caer enferma, su llegada al juzgado es esperada cada día con expectación. El corto trayecto que recorre, a paso lento, entre el taxi del que baja y la puerta de entrada, es seguido con interés por los periodistas que aguardan novedades del caso y los curiosos con ganas de ver la versión andaluza de un juez estrella.

El aura de misterio que la rodea permanece intacta: durante los seis meses de convalecencia no han trascendido nuevos detalles de su vida privada, por más que la prensa trate de hallar claves que ayuden a entenderla y que sus enemigos rebusquen a la caza de algún trapo sucio. Mercedes Alaya sigue siendo esa mujer de aspecto impecable que nunca aparenta la edad que tiene (ahora, a punto de cumplir los cincuenta, tampoco); discretamente coqueta, no ayuda a determinar si esa sensación de lejanía que perciben incluso sus colaboradores es fruto de la timidez o la soberbia.

En cualquier caso, se trata de una imagen vistosa que a veces parece distraer de lo que realmente importa: que estamos ante una jueza implacable y minuciosa, que ejerce su profesión con mano de hierro. Aunque esté envuelta en seda.

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