Bárcenas, la prueba de que algo funciona mal en el subsidio de desempleo

Hace falta alguna situación estrambótica como ésta para darse cuenta de que hay agujeros negros en nuestro sistema de protección social, que a fuerza de ser garantista se puede convertir en injusto. El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha demandado a esta formación por despido improcedente y ha solicitado también el subsidio de desempleo, al quedarse en paro.

La primera parte estará sometida a discusión -la procedencia o no del despido y con ello el derecho a obtener una indemnización- y también a una decisión del Juzgado de lo Social. La segunda, la solicitud del subsidio de desempleo, me temo que es indiscutible. Si está en el paro, no trabaja por cuenta ajena ni propia, todo apunta a que tiene derecho a cobrar el subsidio.

Así las cosas, los Presupuestos Generales del Estado y más en concreto los del SEPE -Servicio de Empleo del Estado- pagarán 1.087,2 euros mensuales a Luis Bárcenas, para ayudarle a vivir durante el tiempo que tarde en encontrar un nuevo trabajo. El coste será incluso mayor, ya que junto al dinero que cobra quien recibe el subsidio, se produce un trasvase de fondos a la caja de la Seguridad Social. El SEPE -nuestro Lanbide- abona también la cotización correspondiente a la Seguridad Social de acuerdo a la base de cotización de los últimos salarios. Con ello, hay que aumentar aproximadamente en otros 1.000 euros adicionales cada mes el coste que Luis Bárcenas tendrá para el erario público. Y, ¿deben sostener los presupuestos públicos ese tránsito, con el dinero de todos los contribuyentes, en alguien que acumula una fortuna aún por concretar pero que supera los 30 millones de euros? Resulta duro de tragar. Una razón más para indignarse.

Alguien puede considerar que este es un caso singular y que no habrá mucho más, de ahí que preocuparse en exceso por una anécdota es una pérdida de tiempo. Puede ser, pero no estaría de más que se ocupasen de ello los ministerios de Hacienda y Empleo -los que tienen la información y pueden cruzar las bases de datos de perceptores del subsidio de desempleo y los de patrimonio de los contribuyentes-, porque quizá no sea tan anecdótico. La crisis no solo ha supuesto la salida de las empresas de empleados con sueldos humildes, sino también la de altos directivos que han recibido retribuciones millonarias e indemnizaciones mareantes. Basta con leer las que ha concedido Telefónica en 2012 para caerse de espaldas. Y, tengo para mí, que un altísimo porcentaje de estos casos concluyen con el 'despedido' apuntado a las filas del desempleo, no tanto para ingresar los 1.087,2 euros mensuales, sino para no tener que rascarse el bolsillo y pagar los aproximadamente 1.057 euros mensuales que les costaría su contribución al régimen de autónomos de la Seguridad Social. Y es que por mucho patrimonio que uno tenga, nadie quiere renunciar a la pensión de jubilación.

Esta situación, además, refuerza la tesis de que el problema presupuestario de las administraciones públicas no está solo en la dificultad para aumentar sus ingresos, dado el impacto que tiene la crisis en la recaudación fiscal, sino en la aparente alegría con que se ha gestionado el capítulo del gasto.

¿Cuáles son los límites? ¿Donde está el suelo y el techo del patrimonio personal que debería anular el derecho a recibir un subsidio como el de desempleo, más aún en un momento de escasez de recursos públicos como el actual? No tengo ni idea, pero un par de técnicos de Empleo y Hacienda lo resuelven en una semana. Todo es ponerse.

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