La Comisión Internacional de Verificación (CIV) cerró el miércoles su estancia en Euskadi con una reunión conjunta con partidos -excepto PP y UPyD- y agentes sociales para analizar la actual situación política en Euskadi 16 meses después de que ETA haya decretado su "cese definitivo". El grupo encabezado por Ram Manikkalingam transmitió a los partidos la voluntad de la banda terrorista de dar nuevos pasos hacia un "final ordenado" si el Gobierno de Rajoy acepta abordar lo que la organización denomina "consecuencias del conflicto", en relación al futuro de los presos, huidos y miembros en activo. Una reclamación que prácticamente se mantiene similar a la que hace un año también, constataron los verificadores, tal y como adelantó EL CORREO.
La banda no hará ningún movimiento sobre su desarme mientras el Ejecutivo central no acepte una interlocución con la cúpula etarra, que según diversas informaciones, permanece en Oslo desde octubre de 2011 a la espera de algún emisario del Gobierno. La portura de la organización contrasta con las declaraciones que en las últimas semanas han realizado PNV y PP, advirtiendo de la inminencia de un gesto de ETA y la entrega de algunos de sus arsenales.
