La cumbre social vasca, una plataforma en la que están integrados sindicatos y organizaciones sociales, desde CC OO, UGT y USO hasta Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, anunció ayer el envío de una iniciativa al Parlamento vasco para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales. Las centrales recordaron ayer, en una rueda de prensa celebrada en la sede bilbaína de Comisiones, que todos los sindicatos de la Administración de Justicia se solidarizarán con la huelga de jueces y fiscales del próximo miércoles, participando en las concentraciones, aunque sin sumarse al paro.
Según explicó Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz en Euskadi de Jueces para la Democracia, el gravamen introducido por el Ministerio de Justicia para las personas físicas -el ministro Ruiz-Gallardo se ha comprometido a suavizar la ley en breve- tiene un efecto disuasorio entre los usuarios de juzgados y tribunales y «limita el ejercicio del derecho fundamental» a la tutela judicial efectiva (a ser atendido por un juez).
El magistrado insistió en que la huelga convocada el martes pretende denunciar «el deterioro del servicio público de la Administración de Justicia» y también proyectos como el de traspasar funciones del Registro Civil a los registradores de la propiedad, una idea a la que se oponen los sindicatos de la Justicia.
El secretario general de CC OO-Euskadi, Unai Sordo, expresó su apoyo a las reivindicaciones de jueces y fiscales. Y recordó la celebración de una movilización en las tres capitales vascas el próximo 14 de marzo «a favor del empleo». A su modo de ver, los recortes y los casos de corrupción se traducen en una «deslegitimación» de las instituciones, frente a la cual los sindicatos quieren resaltar «el valor de público».
Dámaso Casado, secretario general de UGT, hizo votos en favor de la unidad sindical, siguiendo el ejemplo de Europa, y criticó a las centrales que predican «la independencia total», pues en su opinión no se traduce en nada. Casado también emplazó al Gobierno vasco a «tomar decisiones en favor del empleo». En este sentido, recordó que durante la anterior legislatura Lanbide «creó bastantes puestos de trabajo».
