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Obispos vascos y presos de ETA

ARCA DE NOÉ

Obispos vascos y presos de ETA

Los presupuestos de la pacificación dividen a la sociedad y a la clase política, y tiene su reflejo en la Iglesia de Euskadi

16.01.13 - 00:17 -
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«Tenemos que superar la filosofía del 'ojo por ojo y diente por diente'. En este aspecto, el tema de los presos de ETA es importante. La opinión de que dice: 'que se pudran en la cárcel' no es compatible con el cristianismo, por muy extendida que pueda estar como reacción humana». La reflexión, publicada en la revista 'alkarrembarri' del Obispado de Bilbao, pertenece a Joseba Segura, un cualificado sacerdote de la diócesis que ha estado muy implicado en el proceso de pacificación. El experto de la Iglesia vasca también advierte sobre las formas y los ritmos para restablecer la convivencia democrática pacífica en una sociedad en la que se han pervertido muchos valores.

La foto del pasado fin de semana en favor del acercamiento de los presos de ETA era contundente, pero incompleta. Faltaban muchos protagonistas necesarios para la reconstrucción de la convivencia en Euskadi, que demandan una mayor exigencia a los reclusos y reclaman el reconocimiento del daño causado como condición indispensable. Entre los que recorrieron las calles de Bilbao había miembros de la Iglesia vasca: representantes de comunidades cristianas y frailes franciscanos con tirón popular, como Pello Zabala y Paulo Agirrebalzategi.

Tras una pancarta con el lema 'Berak nau bidali askatasuna gatibuei bots egitera. He sido enviado a liberar a los presos', una treintena de personas habían expresado su adhesión a la marcha, al tiempo que mostraban su esperanza «en la resolución del conflicto» y la reafirmaban «para lograr la justicia, la amnistía, la libertad y la paz políticas y sociales para Euskal Herria y todos los pueblos». Esta posición, compartida en algunos sectores eclesiales, ha sentado mal en otras sensibilidades, donde se ha rechazado la utilización de una frase del Evangelio «descontextualizada» y se les ha recordado «por qué han estado callados antes, cuando se asesinaba y se extorsionaba».

También solicitaban a los obispos vascos que «hagan oir su voz» sobre la manifestación. Quienes pretendían que los prelados se pronunciaran sobre la marcha ya sabían que eso no se iba a producir. Su gesto público servía para acumular apoyos a la convocatoria de Herrira desde todos los sectores, incluido el de la Iglesia. Pero se acababa ahí. El asunto de la pacificación tampoco ha sido resuelto en el seno de la comunidad eclesial, donde conviven distintas almas, distintas sensibilidades, y donde saltan los goznes cuando se trata la cuestión.

El episodio más reciente e ilustrativo se produjo el pasado mes de noviembre y tuvo como protagonistas a José María Delclaux, delegado de Pastoral Social de la Diócesis de Bizkaia, y a Luis Alberto Loyo, deán de la catedral de Bilbao. El primero, responsable del área en el que se incluyen los temas de paz y reconciliación, realizó unas declaraciones a la revista de Gesto por la Paz en las que, en lo que se refiere a los presos, se mostraba favorable a derogar las leyes excepcionales, pese a que ETA no ha entregado aún las armas. No compartía las «resistencias» del Gobierno a dejar de aplicarlas por dos motivos. «En primer lugar, porque una sociedad que tiene la fuerza de la razón y que ha vencido a la violencia es una sociedad generosa. La generosidad es una característica de los colectivos moralmente fuertes. Y en segundo lugar, sin dejar de cumplir las leyes comunes, en un momento como este, es razonable no multiplicar el sufrimiento de tantas familias –responsables o no de dicho dolor– más de lo necesario. La distensión social que ello posibilitaría, facilitaría avanzar hacia la normalización social», vaticinaba.

El deán de la catedral contestó a Delclaux en la web Infocatólica, donde dejaba claro que siguen existiendo culpables «que han de pagar por sus crímenes». Luis Alberto Loyo, un hombre del círculo de absoluta confianza del obispo Iceta, escribía que «el ejercicio del perdón y de la generosidad de la sociedad depende, primero de la autenticidad con que se solicita por parte del culpable y, después, de la disposición de la víctima para otorgarlo. Pero no podemos poner en el mismo plano lo uno y lo otro. Quien ha causado el desastre es quien debe expresar y dar pruebas objetivas de su arrepentimiento y conversión», zanjaba.

La doctrina de José María Setién y el discurso de Juan María Uriarte, anteriores obispos de San Sebastián, siempre ha pasado por asumir los «derechos intangibles» de los presos de ETA. El prelado vizcaíno, defensor del reconocimiento de los dos sufimientos, ha dejado claro que un obispo «no puede no sufrir» con los distintos presos de ETA y sus familias, «que padecen el riesgo de los desplazamientos y el quebranto económico en los viajes que realizan a las cárceles en las que se encuentran sus seres queridos». El mensaje del nuevo Episcopado vasco ha dado un giro en estas posiciones. José Ignacio Munilla, actual titular de la diócesis de Gipuzkoa y que en estos temas entra más de forma personal, siempre ha aludido a la necesidad del arrepentimiento y al reconocimiento del dolor que han causado. Mario Iceta, obispo de Bilbao, es más cauto, pero también ha declarado que la paz «es fruto de la verdad y la justicia, de la capacidad de reconocer y reparar el mal causado, de la humildad y el coraje de pedir perdón, y de la magnanimidad y anchura de corazón para otorgarlo y acogerlo».

El asunto de los presos de ETA también divide a la sociedad civil, y a la clase política. Todo indica que Íñigo Urkullu pretende impulsar avances en este contencioso, un camino en el que se da por hecho que le acompañará el PSE-EE. El PP vasco se encuentra muy escaldado. El ‘caso Bolinaga’ –el preso excarcelado por sufrir una enfermedad terminal– y el retroceso parlamentario tras las últimas elecciones, han puesto la lupa de Madrid sobre Antonio Basagoiti, que ha amortiguado sus planes para conducir al partido a posiciones más abiertas. La izquierda abertzale ha insistido siempre en que la clave está en acabar con la dispersión, pensada más como una medida antiterrorista que como parte de la política penitenciaria. Lo decía Joseba Segura: cuestión de ritmos y formas.

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