El juez imputa a 'Ramoncín' en el marco del 'caso SGAE'

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado en el 'caso SGAE' a José Ramón Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín. El cantante declarará el 14 de enero a las 10.00 horas, acusado de apropiación indebida y/o administración desleal y falsedad documental.

La imputación de Ramoncín, según han adelantado fuentes judiciales, se basa en un informe aportado por la Guardia Civil a la Audienca Nacional, en donde se han analizado facturas emitidas por Ramoncín o por su editora musical Júpiter Musical S. L. al grupo SGAE desde 2004 a 2012 por un valor total de 170.552 euros.

De acuerdo a ese atestado, hay "dudas sobre la forma de contratación observada" y, en algunos casos, sobre la "realidad de los servicios o productos" por los que el grupo SGAE retribuyó al cantante. Facturas no soportadas por ningún contrato, según ese informe.

12 exdirigentes imputados

Los dos principales imputados en esta causa son el exdirector de la SDAE, filial digital de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, y el directivo de Microgénesis Rafael Ramos, que recuperaron la libertad en agosto y julio de 2011, respectivamente tras depositar sendas fianzas de 300.000 y 150.000 euros. El juez les atribuye los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, a los que se suman un delito societario en el caso de Neri y otro de alzamiento de bienes en el de Ramos.

El procedimiento también se sigue contra Eduardo 'Teddy' Bautista, expresidente de la SGAE; Enrique Loras, exdirector general; Ricardo Azcoaga, exdirector financiero; Elena Vázquez, principal accionista de Microgénesis; y Celedonio Martín, director financiero de esta empresa.

También están imputadas tres familiares de Ramos -su esposa, María Antonia García Pombo; su cuñada, Pilar Eva García Pombo; y su hija, Sara Ramos Vázquez- y otros dos de Rodríguez Neri -su hermana, Juana Cristina Rodríguez Neri; y su hija, Leticia Rodríguez Alvarez-.

Según la investigación de Ruz, Bautista "autorizó, consintió e impulsó" la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como 'operación Saga', que había sido ideada por Rodríguez Neri. En el fruto de esta actividad presuntamente fraudulenta, la SGAE invirtió "importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios" a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, que controlaba el propio Rodríguez Neri.