El Gobierno vasco estudiará las consecuencias económicas del "incumplimiento" de una quincena de contratos adjudicados a Ibermática e Indra entre 2000 y 2009, y reclamará en los tribunales a estas empresas las oportunas compensaciones. Asimismo, y en el caso de que la Fiscalía abra procedimiento penal, se personará como acusación particular. La consejera de Justicia, Idoia Mendia, ha realizado esta tarde este anuncio en sede parlamentaria durante su comparecencia para explicar las irregularidades detectadas en una quincena de contratos de productos y servicios informáticos adjudicados la pasada década por parte del Departamento de Justicia en tiempos del consejero Joseba Azkarraga.
Mendia ha ratificado la existencia de graves irregularidades en al menos quince contratos pagados en su integridad y no realizados, productos abonados varias veces y encargos "sospechosamente breves", y ha explicado que negociaron y pactaron en el año 2010 con las dos empresas involucradas la "regularización" de la situación. Un pacto que, según ha precisado, consistió en que Ibermática e Indra se comprometieron ejecutar una buena parte de los contratos no realizados -a otros contratos se renunció siendo encargados a otras compañías con un coste de más de 3 millones de euros- y el Ejecutivo autonómico reconoció que estas empresas habían prestado un servicio de manteniendo informático fuera de contrato y lo pagó.
Para la consejera esta fue la mejor solución, ya que lo contrario habría llevado a rescindir los contratos, reclamar el dinero y encargar los trabajos a otras empresas despreciando "todo el dinero invertido". Y es que, a su juicio, Ibermática e Indra habían iniciado el proyecto de informatización y eran las únicas que tenían el conocimiento del mismo, con lo cual la alternativa era "empezar de cero". "Son empresas, además, que trabajan bien, lo que pasa que en el momento no lo hicieron en tiempo y forma", ha explicado.
Eso sí, ha anunciado que reclamarán compensaciones económicas en los tribunales tanto en si la fiscalía abre diligencias penales -el Gobierno vasco remitió las conclusiones de la investigación al fiscal- como si decide que no hay motivos para ello. "Si las diligencias abiertas por el fiscal finalizan en los tribunales, nos personaremos y reclamaremos". "De lo contrario -ha añadido-, iremos a otra vía a reclamar lo que nos corresponda después de realizar el informe de valoración. No vamos a ir de manera imprudente, lo que tenían que hacer hecho en su momento lo están haciendo ahora, y tenemos que determinar lo que se realizó y los daños económicos".
Memorias falseadas
La viceconsejera de Justicia, Victoria Cinto, ha comparecido junto con Mendia y ha apoyado en todo momento su exposición con algunos datos como la petición sin éxito de explicaciones a la exdirectora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel. Cinto ha afirmado además que las memorias de muchos contratos "faltaban a la verdad". "Y si se abre un procedimiento penal aconsejaré a la consejera personarnos como acusación particular para reclamar no sólo el daño emergente, sino también el lucro cesante, ya que no hubiéramos gastado tanto dinero en mantener el sistema viejo", ha afirmado.
Los partidos de la oposición han sido críticos con el proceder del Ejecutivo autonómico en unos casos y han puesto encima de la mesa "dudas" en otros. PNV y EA han descalificado la investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia al entender que su rigor es "nulo" y peca de "falta de consistencia", y han censurado que haga público el caso sin pronunciase antes el fiscal. Y es que, ha subrayado el parlamentario de Eusko Alkartasuna Juanjo Agirrezabala, alguien debe reparar el daño provocado a determinadas personas y empresas si el fiscal considera que no hay indicios de delito. "Ha puesto a estas empresas en el disparadero de la opinión publica. Si Ibermática pierde ahora contratos, ¿va a compensarla?".
"Su actuación ha sido poco prudente y hasta irresponsable. Y si se quedan en nada en los tribunales, vamos a ser los primeros en exigir su dimisión inmediata, ya que cuando una consejera imputa delitos tan graves queda incapacitada si no obtiene respaldo en los tribunales", ha sostenido. El PNV ha cuestionado también el proceder del Gobierno Vasco y ha considerado poco serio que después de estas supuestas irregularidades continúe adjudicando contratos a Ibermática e Indra, mientras que el PP ha indicado que lo lógico sería que el Departamento de Justicia hubiera presentado una demanda en los tribunales en lugar de remitir información al fiscal.
