La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado una proposición no de ley que pide al Gobierno que reconsidere la decisión de ubicar un centro de inserción social en Leioa en el marco de la revisión del Plan de Infraestructuras Penitenciarias. El texto aprobado, presentado por el PNV y modificado por un acuerdo con el PP, ha contado con el apoyo de todos los diputados de este órgano parlamentario.
La proposición insta al Gobierno a tener en cuenta la posición expresada por la corporación municipal de Leioa sobre esta cuestión y considere el planteamiento urbanístico de la zona de ese municipio y colindantes. El diputado Aitor Esteban (PNV) ha defendido esta iniciativa al entender que la ubicación prevista para el centro es "absolutamente inadecuada" y se debe a que los terrenos elegidos pertenecen al Ministerio de Defensa.
El PNV ha criticado que la decisión de construir esta infraestructura no ha sido consultada con el propio Ayuntamiento de Leioa, que se enteró de esta iniciativa al observar que se pedía la exención de la plusvalía de edificar un centro de este tipo. Esteban ha explicado que esta zona de carácter rural supone un entorno "complicado", no tiene fácil acceso en transporte público, no tiene vigilancia e impediría el desarrollo futuro del área.
El parlamentario del PP, Leopoldo Barreda, ha asegurado que esta decisión del anterior Ejecutivo debe enmarcarse ahora en el proceso de reflexión del plan de infraestructuras penitenciarias que llevará a cabo el Gobierno. En ese sentido, ha considerado que "merece la pena" replantearse la ubicación del centro y ha afirmado que su partido cree que el anterior Gobierno pudo incurrir en una distorsión legal administrativa respecto a esta designación.
El portavoz del PSOE en esa Comisión, Pedro José Muñoz, ha afirmado que esta zona cumple "técnicamente" las condiciones para albergar el centro, pero ha reconocido que en este momento tiene "lógica" que se estudie el caso al haber anunciado el Gobierno una revisión del plan de infraestructuras. También se ha pronunciado el diputado de CiU Feliu-Joan Guillaumes, que ha dicho que en este proceso se ha producido un "caso de incomunicación institucional" y ha comentado que no se pueden hacer este tipo de actuaciones sin consultar a los territorios
De seguir adelante la actuación, el primer complejo de estas características en el País Vasco estaría levantado para 2013 en una parcela de 15.000 metros cuadrados propiedad del Ministerio de Defensa desde 1949 junto al barrio de Santimami. El edificio iba a tener forma de 'U' y en torno a un centenar de habitaciones dobles. Los internos podrían trabajar fuera con la única obligación de pernoctar en su habitación.
