Jorge Fernández ha aprovechado su primera comparecencia en el Congreso para confirmar a los diputados que su departamento ya trabaja en un plan para llevar a cabo un "importante" recorte del número de escoltas en el País Vasco y Navarra, tras el anuncio de ETA de poner fin a su actividad armada.
Aunque el ministro ha reconocido que la "pervivencia latente" de la amenaza terrorista subsiste, insistió en que "el número de protegidos", tras el cese de los etarras, está "muy por encima de lo razonable". Fernández llegó a hablar de un "desfase extraordinario" entre el número de escoltas en España y el resto de países de la Unión Europea.
El titular de Interior no ha dado cifras de los recortes, pero sí sobre el actual despliegue: en España hay más de 1.500 escoltados, sin contar con los electos municipales, a los que dan protección las policías locales. Ese número de escoltados se traduce en que 2.668 policías y guardias civiles están dedicados al 100% a la protección, a los que se suman otros 700 escoltas privados, que se pagan a cargo del presupuesto de Interior.
Según Fernández, el actual despliegue (casi exclusivamente por culpa de ETA) cuesta a las arcas públicas 160 millones de euros anuales, cien de los cuáles exclusivamente para pagar la parte de los escoltas privados que le corresponde al Gobierno central.
