Bildu ha anunciado hoy su intención de presentar mociones en los Ayuntamientos y Juntas Generales de Álava y Bizkaia para exigir su participación en la redacción de la Ley de Cajas, cuya tramitación ya se ha iniciado en el Parlamento vasco .
En la moción, Bildu ha reiterado su "rechazo" al acuerdo alcanzado entre PNV y PP, con el "apoyo activo" del PSE en Álava, del que ha nacido el primer consejo de administración de Kutxabank y que, a su juicio, "ha quebrado el consejo político con el que nació la institución" y tiene la "intencionalidad política" de "rebajar la representación" de las fuerzas soberanistas y de izquierda.
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, la concejal de Bildu en el Ayuntamiento, Aitziber Ibaibarriaga, acompañada de la juntera Amaia Agirresarobe y la alcaldesa de la localidad vizcaína de Artea, Edurne Gumuzio, ha lamentado que el "acuerdo político" entre PNV y PP para "hacerse con el control" de Kutxabank "ha convertido en agua de borrajas" el acuerdo del contrato de integración alcanzado entre BBK, Caja Vital y la Kutxa.
Por ello, han exigido que se anulen los términos pactados para la disminución del número de miembros del consejo de administración de la nueva entidad. A su juicio, el acuerdo entre PP y PNV tiene "el doble objetivo" de conseguir "el control efectivo de uno de los mayores instrumentos económicos de los que disponemos", además de "cerrar las puertas" a la participación de una parte de la representación de la sociedad de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
Asimismo, han lamentado que la Ley haya comenzado a tramitarse en una institución -se trata del Parlamento vasco- cuya representación "no responde actualmente con la realidad política vasca". En este sentido, han criticado que Bildu, primera fuerza en número de concejales en el País vasco y Navarra, "no tiene opción" de participar en la redacción de esta Ley, "a pesar de que afecta de manera importante a la representación futura de los Ayuntamientos en los órganos de control de las tres cajas y KutxaBank".
"Instamos al Gobierno de Lakua a abrir cauces de participación para que Bildu pueda participar en la tramitación de la Ley, exponiendo sus planteamientos y realizando aportaciones a la misma", han reivindicado.
Sin garantizar su función social
A su entender, PSE y PP "tienen prisa" por "abrir la puerta a la privatización", ya que "han impuesto un plazo de enmiendas que finaliza el 26 de enero", por lo que las enmiendas de la coalición abertzale se llevarán a cabo de manera "inminente y progresiva". "Una Ley tan importante que afecta a una materia tan importante y sensible no puede hacerse obviando que Bildu es un actor importantísimo".
Para Bildu, el proyecto de Ley de Cajas deja a éstas "en manos privadas y no garantiza su función social", además de que plantea una representación institucional que tiene como objetivo "perjudicar a las fuerzas soberanistas de izquierdas".
Tras afirmar que, con la propuesta de Ley de Cajas actual, el PSE "ha optado por seguir las directrices de Madrid" con un texto "sumiso y subordinado a la Ley Estatal", Ibaibarriaga ha criticado que el Gobierno de Lakua "se nos presenta como un ejecutivo sin criterio propio que hace seguidismo del que, en su día, marcó Zapatero".
Criticas sobre la representación en el consejo
En este contexto, ha indicado que, para cerrar las puertas a la privatización y garantizar su control público, resulta "evidente y necesario" que las Administraciones "ostenten al menos el 50% de los consejos de administración", en lugar del 40% propuesto por el PSE.
En este sentido, ha criticado el reparto realizado de la representación institucional y ha advertido de la existencia de "intereses partidistas" de PP y PSE para "reducir el peso de las instituciones en las que poseen un menor peso" y "primar" el peso del Parlamento vasco y las Juntas Generales, "donde obtienen mayor representación institucional".
Según sus datos, la propuesta del Gobierno vasco otorga un 5% de participación en el consejo del Parlamento vasco y un 6% a las instituciones forales, que "actualmente no cuentan con participación".
"En el otro lado de la balanza, estamos los Ayuntamientos, cuya representación pasaría del 30 al 17%", ha criticado, para advertir una "clara intencionalidad política" para "rebajar la representación de las fuerzas soberanistas de izquierdas". Finalmente, ha reivindicado que la fusión de cajas de ahorros es un "magnífico instrumento" para "trabajar" la actual situación económica, "siempre que el modelo que acordemos entre todos responda a la realidad política y las necesidades económicas actuales".
