El Ejecutivo de Rajoy estima un déficit del 8%, dos puntos por encima de lo previsto
Actualizará las pensiones un 1% y prorrogará las ayudas a los parados
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. / Foto: Efe | Video: Atlas
Los nombramientos
El Consejo de Ministros aprobará también los nombramientos de un segundo grupo de altos cargos, entre los que figuran al menos seis secretarios de Estado, y propondrá que el nuevo fiscal general del Estado sea Eduardo Torres-Dulce. El magistrado Fernando Román García será el nuevo secretario de Estado de Justicia; Víctor Calvo-Sotelo, hijo del fallecido presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, de Telecomunicaciones, y el juez Ignacio Ulloa Rubio, actualmente letrado del Tribunal Constitucional (TC), de Seguridad.
También están confirmados los nombramientos de otros cuatro secretarios de Estado: Engracia Hidalgo (Empleo); Juan Manuel Moreno (Servicios Sociales e Igualdad); Federico Ramos (Medio Ambiente) y Tomás Burgos (Seguridad Social). En este segundo Consejo de Ministros se acordarán otros nombramientos relevantes, como los de los directores generales de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, que ya lo fue en los ocho años de gobierno de José María Aznar, y del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa.
En cuanto a los subsecretarios, ya están decididas las designaciones de Juan Bravo (Justicia); Jaime Haddad (Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y Pedro Llorente Cachorro (Empleo). Haddad y Llorente son dos de los ocho altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre que pasan a formar parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En la reunión se aprobará, igualmente, la supresión del mando único de la Policía y de la Guardia Civil, y serán nombrados Ignacio Cosidó director general de la Policía y Arsenio Fernández de Mesa director general de la Guardia Civil.
Al Gobierno no le ha temblado el pulso. Tras el segundo Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asumido la difícil papeleta de anunciar los recortes con los que el Ejecutivo espera mejorar la complicada situación a la que se enfrenta España. Lo ha hecho escudándose en un dato: el déficit público previsto para 2011 ha superado "sustancialmente" la estimación que tenía el Gobierno socialista y se prevé ahora que alcanzará el 8%, dos puntos por encima de lo comprometido con Bruselas. Se trata, en sus palabras, de una desviación que "nos lleva a una situación extraordinaria y nos obliga a tomar decisiones extraordinarias".
Las primeras de ellas navegan por la senda de los recortes y las subidas de impuestos. "Son el inicio del inicio", ha advertido con franqueza la también portavoz del Gobierno. Entre este primer paquete de medidas se encuentra el acuerdo de no disponibilidad que limitará el presupuesto de los diferentes ministerios durante el primer trimestre del año, a la espera de que se elaboren los Presupuestos Generales del Estado. Será un recorte cercano a los 8.900 millones. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado después que los mayores recortes serán para el Ministerio de Fomento (1.614 millones), Industria (1.091 millones), Economía (1.083 millones) y Asuntos Exteriores (1.016 millones), aunque el resto de ministerios también verán mermado su apoyo económico. Además, los entes territoriales sufrirán recortes en 1.040 millones y también el grupo RTVE y Renfe verán reducido su presupuesto en 200 millones de euros cada uno.
Otros recortes vienen dados, en gran parte, por
la supresión de 30 direcciones generales del Ejecutivo, un 18,9% del total, y un recorte del 20% en la subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos. Sáenz de Santamaría ha cuantificado el recorte de subvenciones en 55 millones de euros en el caso de patronales y sindicatos y en 29,68 millones en el caso de los partidos políticos.
Subida de impuestos
El otro gran eje de este paquete de medidas será la
subida de impuestos que ha anunciado Sáenz de Santamaría. "Medidas que el Gobierno no tenía previsto adoptar y que no hubiera adoptado si se hubieran cumplido los compromisos del déficit", ha asegurado. "El Gobierno -ha continuado- se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos", que ha fijado para los próximos dos años. En concreto, se ha establecido un "gravamen complementario" en el
Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), se ha eliminado la bonificación del gasóleo profesional y se aumentará el Impuesto de Bienes Inmuebles. A esto se añade que no se ha prorrogado la renta básica de emancipación, la
congelación del salario mínimo interprofesional, el retraso de la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la ley de dependencia y la prórroga un año más de la ampliación del permiso de paternidad.
Los funcionarios
también se han llevado lo suyo. Al prorrogar los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno mantendrá la congelación de los sueldos de sus sueldos. Y un detalle más, verán ampliada su jornada laboral hasta las 37,5 horas semanas. También se ha establecido una tasa de reposición cero para la Administración pública, a excepción de los empleados públicos del sector de la Educación, Salud, Fuerzas Armadas y Fuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Las buenas noticias
Para el lado bueno de la balanza, el Ejecutivo de Rajoy ha dejado unas pocas píldoras. Así,
actualizará las pensiones al 1% y prorrogará otros seis meses más la ayuda de 400 euros a los desempleados sin ingresos cuando finalice su vigencia, el próximo 15 de febrero. En este sentido, Sáenz de Santamaría ha destacado que el Gobierno "quiere proteger a los más débiles y a los más desprotegidos", por lo que entiende que el Ejecutivo "no puede pedir sacrificios a quienes no pueden dar más".
También tratará de dinamizar el sector del ladrillo. Para ello ha optado por
la recuperación de la desgravación por compra de vivienda habitual para todas las rentas con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2011. Asimismo, ha acordado mantener durante 2012 la reducción al 4% del IVA que grava la compra de vivienda nueva, aunque sólo para el caso de la vivienda habitual y con un precio máximo.
Finalmente ha aprobado
la supresión del canon digital, que se sustituirá por un sistema de protección de copia privada. Asimismo, se regula la Comisión de Propiedad Intelectual -integrada dentro de la Ley de Economía Sostenible- para proteger los derechos de los creadores. De esta forma, el canon se sustutirá por una compensación cuyos criterios fijará el Gobierno por Real Decreto. "Sólo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, contra quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros", ha advertido Sáenz de Santamaría.