El Gobierno indulta a Alfredo Sáenz

Estaba condenado a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad

AGENCIASMADRID

El Consejo de Ministros ha aprobado conceder el indulto al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, por la condena a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad. El Grupo Santander se ha limitado a "mostrar su satisfacción" por la medida y ha adelantado que no hará ningún tipo de declaración más sobre el tema.

El Gobierno en funciones tras el 20-N, a petición del Ministerio de Justicia, ha decidido otorgar el indulto a Sáenz, por lo que le exime de la condena de cárcel, inhabilitación y multa impuesta por el Supremo. El indulto contaba con el informe favorable del Ministerio Fiscal.

El indulto contaba con el informe favorable del Ministerio Fiscal y desfavorable por parte del Tribunal Supremo. El Gobierno también ha indultado a los otros dos condenados en la causa el antiguo director de Banesto en Cataluña Miguel Angel Calama y el abogado Rafael Jiménez de Parga, condenados a la misma pena. El Ministerio de Justicia anunció en un comunicado "la concesión de este indulto parcial, derivado de unos hechos acaecidos hace 17 años y conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso".

De esta forma, el consejero delegado del Santander seguirá cumpliendo los requisitos de "honorabilidad" que exige el Banco de España para los ejecutivos del sector financiero, recogidos en el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos y Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito.

El Ministro de Fomento en funciones, José Blanco, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desconocer si el Partido Popular (PP) tenía conocimiento de esta decisión. "No se informa de las deliberaciones del Consejo de Ministros, así que la argumentación jurídica se hará a través de una nota del Ministerio de Justicia", ha insistido Blanco, quien ha señalado que el indulto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días.

El origen del caso

El pasado mes de febrero, el ejecutivo de la entidad cántabra y los otros dos condenados formularon su petición de indulto, tras conocer la sentencia condenatoria, y presentaron un recurso de ampara ante el Tribunal Constitucional, pendiente de resolución. El 2 de septiembre de 2011, la Audiencia Provincial de Barcelona suspendió la ejecución de la sentencia hasta la resolución de estas dos decisiones. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud de no inscribir la sentencia condenatoria en el Registro Central de Penados y Rebeldes para evitar que figuren antecedentes penales, decisión que depende del Banco de España.

El origen de esta causa se remonta a 1994, cuando Banesto presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes el banco reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) por las empresas que representaban, del grupo Harry Walker.

El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro empresarios (lo que conllevó su condena por prevaricación y detención ilegal por el Supremo en 1996). Después de que esa causa fuera archivada, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde, ya fallecido- presentaron una querella contra Sáenz y los otros ejecutivos relacionados con Banesto.

Tras largas indagaciones del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, los demandados consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) diera por archivada la causa por entender que las actuaciones de Jiménez de Parga y Calama habían prescrito y las de Sáenz y otro acusado no eran constitutivas de delito. Sin embargo, en mayo de 2006 el Supremo anuló esta resolución y ordenó al TSJC que continuara con la tramitación de la causa.

Alfredo Sáenz llegó a la presidencia de Banesto a principios de 1994, después de que la entidad fuera intervenida en diciembre de 2003 por el Banco de España, y emprendió una estrategia de recuperación de créditos impagados con el objetivo de sanear la entidad. Esta situación condujo al banco a presentar una querella contra los accionistas del grupo Harry Walker Pedro Olabarría, los hermanos Fernando y José Ignacio Romero García y Modesto González, por el impago de una deuda al banco de más de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros). Los tres fueron encarcelados por el juez Luis Pascual Estevill, que posteriormente fue condenado por prevaricación y detención ilegal.

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