El exdiputado foral Alfredo de Miguel, la persona sobre la que pivota la investigación judicial sobre los presuntos casos de corrupción que han salpicado al PNV alavés, ha comparecido esta tarde en el Parlamento vasco para ratificar su «inocencia» y denunciar que es «absurdo» que sus empresas sean consideradas una tapadera de blanqueo de capitales, línea argumental mantenida por los investigadores. «El objetivo de este proceso era y es el PNV. Somos la conexión para vincular al PNV con la corrupción», ha denunciado en una rueda de prensa sin preguntas.
Antes, a las cuatro y por espacio de veinte minutos, compareció ante los parlamentarios para leerles el documento que luego leyó ante los medios –no ha contestado a las preguntas de los parlamentarios por su condición de imputado–.Ha pedido al presidente de la comisión que ésta fuera a puerta abierta, con presencia de los medios de comunicación, pero el presidente se ha negado porque no lo permite la ley. Respecto a la denunciante del caso, la abogada Ainhoa Alberdi, quien le acusó de exigirle una comisión de «100.000 euros» en el Parque Tecnológico de Miñano, De Miguel ha asegurado que ha sido su abogada personal en varias ocasiones. «¿Qué sentido tiene que se denuncie el intento de cobro de una comisión tres años después de la firma de un contrato en un parque donde yo no tenía ninguna responsabilidad? Sólo lo ha hecho después de ser nombrado diputado», ha recalcado.
Tras criticar que Alberdi sólo se ha limitado a presentar grabaciones «ilegales, sesgadas y alteradas», aseguró que «no ha habido enriquecimiento ilícito personal» como así, ha matizado, ha quedado demostrado en la publicación de su patrimonio. «Además, mi mujer y yo siempre hemos declarado a Hacienda nuestra participación en dos de las empresas investigadas, Kataia Consulting y Eskalmelo», ha recalcado.
Arropado por su amigo Joseba Egibar y por una veintena de afiliados del PNV que le han esperado en la puerta del Parlamento, el que fuera 'número tres' del PNV también se ha referido a la fallida macrorrecalificación urbanística de Zambrana –también investigada por el juez– como una «falsa e interesada polémica», ya que cuando sus empresa trabajó en la recalificación, todavía no era diputado. Por último, ha acusado a varios parlamentarios de no haber respetado su derecho a la presunción de inocencia.
Por la mañana, ha sido el empresario Sergio Fernández Oleaga quien ha comparecido ante la Comisión que investiga en el Parlamento vasco la presunta trama de espionaje y cohecho en Álava, ante la que, durante treinta minutos, ha respondido a las preguntas de los grupos parlamentarios.
Fernández Oleaga está imputado en el 'caso De Miguel' por su relación con la empresa Stoa, de la que era administrador único. Su comparecencia se enmarca dentro de la trama que investiga las contrataciones que se realizaron en el Parque Tecnológico de Miñano.
La Comisión parlamentaria trabaja con cuatro líneas de investigación para las que ha dividido las comparecencias. La primera está relacionada con las supuestas contrataciones irregulares del anterior Departamento de Cultura, la segunda aborda el presunto espionaje a varias personalidades de la política y economía alavesa y la tercera sigue las contrataciones que se realizaron en el Parque Tecnológico de Álava (Miñano). También se investigan las recalificaciones de suelo en Zambrana (Álava) y Santurtzi (Vizcaya).
Según han confirmado fuentes parlamentarias, Fernández Oleaga ha "colaborado" con la Comisión parlamentaria respondiendo a algunas de las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios.
