El Gobierno español negó por conducto oficial a la justicia francesa haber mantenido una 'mesa de negociación' con ETA en 2006 y 2007, antes y después del atentado mortal de Barajas que supuso la ruptura de hecho del proceso de paz. Las autoridades españolas tampoco tomaron declaración al exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, como les había solicitado la jueza antiterrorista Laurence Le Vert, tras tener conocimiento por la prensa de que su número de teléfono móvil era el esgrimido a modo de salvoconducto por Ion Iurrebaso Atutxa, miembro de la delegación etarra en las negociaciones.
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