La consejera vasca de Medio Ambiente, Pilar Unzalu, ha abogado hoy porque el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Carranza retomen "desde cero" la búsqueda de soluciones al problema medioambiental que suponen los purines de la cabaña ganadera del valle de Carranza.
La consejera ha explicado en las Juntas Generales de Vizcaya los motivos por los que el Gobierno vasco decidió dejar de aportar subvenciones al proyecto de construcción de una planta de purines en Carranza -para convertir en energía los desechos del ganado del valle-, tras una inversión pública de unos 10 millones de euros. Así, ha calificado el proyecto como "el plan de la incertidumbre" al estar caracterizado por "la indefinición" en cuestiones básicas como el trato a determinadas partes de los desechos o su traslado a la planta proyectada. Unzalu también ha recordado que todos los partidos del Parlamento Vasco, salvo el PNV, han firmado una petición para que el Tribunal Vasco de Cuentas investigue las ayudas concedidas por el Gobierno vasco a la planta de purines.
Por su parte, las Juntas Generales de Vizcaya han aprobado hoy -con el apoyo de PSE, PP, EB y Alternatiba, así como con la abstención del PNV-, pedir la comparecencia del exdirector de Innovación del Gobierno vasco, Martín Ascacibar, por su participación en el proyecto en calidad de consejero delegado de la promotora de la planta, Karrantzako Minda. Asimismo han demandado que comparezcan otros representantes de la promotora, tales como el Ayuntamiento de Carranza y la empresa Ade Biotec, contratada para construir la instalación.
"Hemos puesto orden en el desastre"
En su intervención, Unzalu ha señalado que el Gobierno vasco socialista "ha puesto orden en el desastre" que ha supuesto el desarrollo del proyecto. La consejera ha señalado que reflejo de "la indeterminación" del proyecto es la evolución del presupuesto de construcción de la planta, que se ha incrementado desde 12,2 millones de euros en 2006 a 25,8 millones en 2010.
Ha indicado, además, que el Gobierno vasco acordó en 2007 con la promotora del proyecto afianzar los ingresos de la instalación con una aportación total cercana a los 50 millones de euros en sus primeros 20 años de funcionamiento para garantizar que la planta no tuviera pérdidas, además de una aportación anual de 365.000 euros a cargo del Ejecutivo autónomo.
Unzalu ha indicado que hasta la fecha se han liberado unos 10 millones de euros de fondos públicos en favor de promotora Karrantzako Minde para la construcción de la planta, cuatro de ellos del Gobierno vasco. Y ha destacado también que en vísperas del acceso de los socialistas al Gobierno vasco, el entonces Ejecutivo en funciones, presidido por el PNV, aportó 1,6 millones de euros.
La consejera ha explicado que el actual Gobierno vasco decidió no abonar más ayudas al comprobar el estado y el contenido del proyecto, cuyo grado de ejecución exacto desconoce el Ejecutivo, aunque hay estimaciones que lo sitúan en cerca del 30%, según la consejera. Unzalu ha argumentado que tal y como estaba planteado el proyecto "no era serio ni asumible" y ha asegurado que el Gobierno del que forma parte ha actuado con "la máxima diligencia" en este asunto.
Desde los grupos de la oposición en las Juntas Generales de Vizcaya, el representante del PP Arturo Aldecoa ha opinado que lo ocurrido con la planta de purines es "la crónica de un desastre anunciado" y ha considerado que hay "mucha más cola detrás", a su juicio, el posible "andamiaje de una estructura" para "limpiar fondos públicos". Según ha indicado, "hay mucho 'aprovechategui' que se monta unos negocios redondos".
Por su parte, el juntero del PNV Josu Arteta ha defendido la actuación de la Diputación vizcaína. También ha instado al PP a acudir a la Fiscalía o a los tribunales si cree que se ha producido alguna actuación ilícita.
