ELA y LAB han remitido sendas cartas a los secretarios generales de CC OO y UGT Euskadi, Unai Sordo y Dámaso Casado respectivamente, en las que rechazan la posibilidad de sumarse a la huelga del 29 de septiembre, y aseguran, entre otras razones, que la participación de los dos sindicatos convocantes de ese paro en el diálogo social en Euskadi, "imposibilita" compartir una acción sindical conjunta.
Estas misivas son una respuesta a las que los líderes de CC OO y UGT Euskadi les remitieron para plantearles que se sumaran a la huelga general convocada para el 29 de septiembre contra la reforma laboral.
En las cartas, le recuerdan que realizaron una huelga general el 29 de junio, ante la "gravedad" de las medidas que se están adoptando y añaden que el 21 de mayo de 2009 se convocó otro paro general contra la decisión de "gobiernos y la patronal de repercutir el coste de la crisis" sobre los trabajadores y clases más desfavorecidas.
A su juicio, la realización de una huelga general requiere "compartir algo más que su convocatoria" y es "imprescindible" aclarar "sobre qué bases se pretende hacer efectiva la unidad de acción entre las organizaciones sindicales. "Eso, en el ámbito vasco, está por hacer", han añadido.
En este sentido, afirman que ven "con suma preocupación" la estrategia política de CC OO. y UGT y citan, como ejemplo, el diálogo social abierto en Euskadi, en el que "se da cobertura a las políticas de ajuste que tanto el Gobierno de Gasteiz como el de Iruña llevan adelante".
"El mantenimiento de mesas vacías de contenido real supone una grave desorientación. El poder político y económico desean, más en esta coyuntura, trasladar la imagen de 'gestión compartida' de los ajustes, cuando es evidente que los mismos son decididos unilateralmente en beneficio exclusivo del capital", ha manifestado.
"Imposibilidad"
ELA y LAB afirman que la convocatoria de una huelga general no se corresponde con la 'normalidad' que se traslada desde en ese pretendido "diálogo social". Por ello, aseguran que esta cuestión, entre otras, determina la "imposibilidad" de compartir una acción sindical conjunta "en tanto esta posición no sea revisada".
"Ambas organizaciones habéis aceptado-acordado con el gobierno de López la usurpación de la representatividad de ELA y LAB en aquellos órganos de participación institucional (CRL y CES) en los que hemos suspendido la presencia. Nos parece una decisión antidemocrática muy grave", añaden.
En su opinión, el uso "legítimo" que cada organización sindical hace de su representación no puede ser "penalizado políticamente" y, mucho menos, "que esa penalización sea avalada por el movimiento sindical".