El consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, se ha reunido hoy en Bilbao con representantes de la judicatura vasca para explicarles los cambios en la política de escoltas, han confirmado fuentes gubernamentales.
La reunión, según fuentes judiciales, ha comenzado sobre las 13 horas en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao y a las 14:30 todavía continuaba. El consejero informó ayer de que el servicio de escoltas se reorganizará de acuerdo con una evaluación de riesgos para "ser más operativos" y proteger a las personas que "objetivamente tienen riesgo".
Ares explicó que la evaluación tiene en cuenta la amenaza terrorista y los cambios en la vida de los protegidos, puesto que algunos han abandonado la "responsabilidad institucional o política" que tenían cuando se les asignó escolta. El objetivo, recalcó, es "garantizar la máxima seguridad de las personas que objetivamente tienen riesgo", aunque "sabiendo que mientras ETA no desaparezca la amenaza es sobre mucha gente".
Reducción de escoltas
La judicatura vasca cree que el Departamento de Interior del Gobierno vasco reducirá a este colectivo el servicio de escolta en el plazo de uno o dos meses, según han informado en fuentes judiciales.
Las mismas fuentes han manifestado que los responsables de Interior les han comunicado su intención de modificar el plan establecido con el fin de adecuarlo a la actual situación de riesgo del colectivo.
En este sentido, han mostrado su intención de implantar sistemas alternativos de protección y han señalado que, en algún caso, no serán necesarios los servicios de escolta. El propósito es revaluar el riesgo de la amenaza de ETA sobre los jueces y fiscales vascos, ante la percepción de que ha podido disminuir, teniendo en cuenta que en el último año la banda armada no ha cometido asesinatos.
En todo caso, la escolta actual se seguirá manteniendo en los cargos institucionales del Poder Judicial vasco. Los mismos medios han precisado que el Departamento se ha comprometido a presentar su nuevo plan en uno o dos meses, tras mantener contactos individuales con jueces y fiscales.
