EA, Aralar y EB crtican la polémica entre Gobierno y Diputación

Partidos de la oposición en las Juntas Generales de Vizcaya han criticado hoy la nueva polémica surgida entre la Diputación de este territorio y el Gobierno Vasco en el marco del Consorcio de Transportes. La polémica se debe a que los representantes del Gobierno Vasco en el Consorcio de Transportes de Vizcaya han obligado a este organismo, presidido por el diputado general vizcaíno, José Luis Bilbao, a rehacer su presupuesto para 2010 por superar el límite de endeudamiento de las sociedades participadas por el Ejecutivo autonómico, que es de 61 millones, mientras que el Consorcio preveía 127,1 millones para el presente ejercicio.

El portavoz de Ezker Batua en las Juntas Generales, José Ferrera, ha solicitado la urgente comparecencia del diputado general de Vizcaya para que explique cómo afectará la situación creada al desarrollo de las obras del metro ya iniciadas. Ferrera, a través de un comunicado, ha recalcado que "más allá de cambalaches para actuar sobre los órganos de dirección del Consorcio de Transportes de Vizcaya y de Metro Bilbao, o de la prepotencia e irresponsabilidad con la que han podido actuar determinados miembros del Gobierno Vasco o la Diputación, lo que realmente demanda la ciudadanía es el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la financiación del Metro y el cumplimiento de los plazos de llegada del mismo a los municipios".

Joseba Gezuraga, portavoz de EA, ha calificado el asunto de "bochornoso espectáculo" y ha considerado que constituye "un capítulo más en la lucha entre el PNV y los socialistas. Guezuraga ha tachado de "irresponsables" a los representantes de la Diputación y del Gobierno, que "una vez más han antepuesto sus intereses partidistas al bienestar de la ciudadanía".

También el juntero de Aralar, Iosu Murgia, ha criticado el "intento de patrimonializar las instituciones por parte del diputado de Vizcaya", José Luis Bilbao. Murgia ha considerado "impresentable" que en esta época de crisis, en la que las instituciones públicas y sus gobernantes "deben arrimar el hombro" para buscar soluciones, "algunos estén más interesados en patrimonializar las instituciones y la acción política o mediática".