Sindicatos, asociaciones de vecinos, plataformas contra la exclusión social, SOS Racismo y colectivos de apoyo a inmigrantes han elaborado un manifiesto reclamando al Gobierno vasco "una política social que amplíe los derechos sociales en lugar de recortarlos". Los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK, CGT y CNT, Danok Lan (Galdakao), Argilan (Bilbao), Berri-Otxoak (Barakaldo), Elkartzen, SOS Racismo, Mujeres del Mundo, Asociación Colombia-Euskadi, Asociación Alavesa de Trabajo Social o Zuzen, son algunos de los grupos que han elaborado este manifiesto que hoy se ha presentado en Bilbao.
En el texto, expresan su desacuerdo ante los "recortes en las políticas sociales que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales quiere introducir" a través de las reformas recogidas en el borrador de decreto de la Renta de Garantía de Ingresos y en el decreto regulador de la Prestación Complementaria de Vivienda. Denuncian así que en una coyuntura de crisis y cuando más necesarias son las ayudas sociales, "el Gobierno Vasco, que se autodenomina progresista, ha decidido hacer un recorte drástico de las mismas", advirtiendo que "nos venden el reglamento como un avance social en pro de la empleabilidad y, sin embargo, su única consecuencia va a ser un aumento de la exclusión social".
Para estos grupos, las medidas del Ejecutivo son "arbitrarias, injustas y técnicamente deficientes" y van a crear "mayor desigualdad y discriminación" expulsando del sistema de protección "a las personas con menos recursos, que tendrán que vivir en condiciones de mayor pobreza, por lo que aumentarán las situaciones de marginación y la conflictividad social". En su opinión, con las nuevas normas "se da un paso substancial y se rompen consensos sobre derechos inclusivos", por lo que han hecho un llamamiento a la ciudadanía "a movilizarse contra estos recortes que nos afectan a todos".
En el manifiesto denuncian especialmente como retrocesos que sólo se percibirán como máximo dos prestaciones sociales por vivienda, que dejen de tener validez los contratos de hospedaje/pupilaje (es decir, alquiler por habitaciones) o que los trabajadores por cuenta propia que sufran una fuerte bajada de ingresos "no podrán pedir ninguna prestación hasta que no tengan la nueva declaración de la renta, por lo cuál en algunos casos tendrán que esperar cerca de un año para poder acceder a alguna cobertura social".
