El nuevo Zorrozaurre estará un paso más cerca a partir de mañana. El alcalde de Bilbao y el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes firmarán a mediodía, en la sede de la Autoridad Portuaria, el convenio que recoge los compromisos de cada institución en el despegue de la operación urbanística. Es una herramienta necesaria para adaptar el proyecto al escenario de la crisis y para despejar el camino a la aprobación del Plan Especial, que acumula sucesivos retrasos. Sólo así se podrá poner fecha al inicio de las obras.
A los obstáculos que afronta un empeño tan complejo -reordenar un escenario de 60 hectáreas con múltiples propietarios- se había unido en las últimas semanas el desencuentro institucional. Cada uno de los protagonistas elaboró su propia versión del convenio, lo que dejó las negociaciones en punto muerto poco antes de Navidad. La del Ejecutivo autonómico, que envió un primer borrador, resultó demasiado generalista para las autoridades municipales, que echaron en falta plazos de actuación y un compromiso concreto para financiar las primeras infraestructuras.
El Ayuntamiento dio un paso al frente al asumir el coste de la apertura del canal de Deusto, alrededor de 18 millones de euros. El dinero no saldrá de los presupuestos municipales, que no viven su mejor momento, sino de los aprovechamientos urbanísticos -el 15% de cada promoción- que le corresponden por ley. A cambio, estaba previsto que el Gobierno vasco pagara los dos puentes necesarios para llevar el tranvía a la futura isla. Sin embargo, todo apunta a que en el convenio sólo figurará una inversión similar a la del Consistorio para construir un viaducto, preferentemente para el tráfico rodado.
El principal promotor
No es que se haya renunciado al tranvía, pero las instituciones quieren ir paso a paso y amarrar las actuaciones imprescindibles para empezar a caminar. Los puentes han sido las primeras 'víctimas' de los recortes presupuestarios impuestos por la crisis. De los ocho previstos en el Master Plan de Zaha Hadid, se han caído al menos cuatro. De esta forma se reducen las cargas de la operación urbanística, que se gestó en época de bonanza y resultaba inviable tal como se había diseñado. Las obras se acometerán por fases y en la primera habrá como máximo cuatro puentes, dos para el tranvía y otros tantos para el tráfico rodado y peatonal. Los primeros los sufragarán el Ejecutivo autonómico y la comisión gestora del plan de regeneración.
El Gobierno, propietario del 40% del suelo, es también el principal promotor inmobiliario. De las 5.437 viviendas previstas, la mitad serán protegidas. La consejería que dirige Iñaki Arriola pidió al Ayuntamiento que le eximiera de las tasas por la construcción de estos pisos para reducir costes, otro motivo de discrepancia. Las autoridades municipales no estaban dispuestas a renunciar a una fuente de ingresos en un momento tan delicado para la recaudación, y finalmente esa reivindicación ha quedado aparcada. También se han eliminado, por el bien de la paz institucional, los 'deberes' que el Gobierno ponía al área de Urbanismo en el primer borrador del convenio: plazos tan concretos para tramitar los documentos que podían interpretarse como un signo de desconfianza. Las diferencias entre ambas instituciones, sin embargo, no eran de tanto calado como para bloquear indefinidamente el Plan Especial de Zorrozaurre, y ninguna de las dos podía permitírselo. En poco más de un mes, tras una discreta negociación en la que ha intervenido el grupo municipal del PSE, las dos propuestas que había sobre la mesa se han fundido en el texto al que pondrán su firma Azkuna y Arriola. Así se alcanza el consenso necesario para modificar el Plan General y definir al detalle la ordenación urbanística de la zona.
