El pasado 14 de enero, el consejero de Industria, Bernabé Unda, presidió una cena en Madrid para promocionar el turismo de Euskadi, en la que congregó a un numeroso y selecto grupo de representantes vascos de los ámbitos político, empresarial, cultural y social. Todos los invitados cumplían la misma condición: ser vasco y desarrollar su actividad profesional en la capital de España. Todos menos uno: el presidente de la Corporación Mondragón, José María Aldecoa.
Antes de iniciarse el acto, Unda tomó la palabra para, entre otras cuestiones, exponer públicamente ante tan distinguido auditorio el «decidido apoyo» del Ejecutivo autónomo al gigante empresarial por las campañas de descrédito y «guerras y tácticas sucias» que desde hace años tratan de vincularle con el entorno terrorista. Un perplejo Aldecoa admitió ante todos los asistentes que desconocía las intenciones del consejero -con el que mantiene una muy fluida relación- y le agradeció efusivamente la defensa para, a continuación, explicar que su grupo se ve sometido periódicamente a este tipo de ataques.
Lo ocurrido en aquella cena forma parte de una ofensiva diseñada por el Gobierno de Patxi López para desagraviar a Mondragón ante las insistentes invectivas que sufre el primer conglomerado empresarial vasco y uno de los líderes nacionales; integrado por 260 cooperativas en las que trabajan cerca de 93.000 personas, de las que más de 50.000 lo hacen fuera de Euskadi . Las acometidas se remontan al menos a una década atrás y tienen como único objetivo acusar a sus principales enseñas -Eroski, Fagor o Caja Laboral, las más accesibles y conocidas por el gran público y con gran presencia en toda España- de apoyar y financiar a ETA, en un intento de que los consumidores dejen de comprar sus productos.
Aunque de forma limitada, los boicots han deteriorado la imagen de esas empresas en determinadas zonas. El presidente de Eroski, Constan Dacosta, ya admitió hace un lustro que las consecuencias no se superarían durante largos años.
La iniciativa del Ejecutivo vasco tiene especial relevancia, ya que es la primera vez que esa institución oficializa su solidaridad con el emporio empresarial, del que destaca su estratégica importancia para la economía vasca. No obstante, ya en el año 2000 el entonces diputado socialista y ex vicelehendakari Ramón Jáuregui denunció una operación en Internet contra Mondragón, un montaje que tachó de «injusto, torpe e indecente».
Respaldo pactado
La iniciativa del Gobierno del PSE se gestó hace meses, cuando de unas conversaciones mantenidas por ambas partes surgió el plan para poner en marcha esta estrategia. Desde entonces han sido varias las muestras institucionales de apoyo ofrecidas por el Gabinete, todas ellas en Madrid.
El primero fue el consejero de Interior, Rodolfo Ares. Durante una conferencia que pronunció en la capital, calificó de «infames» las embestidas orquestadas contra empresas como Eroski o Fagor, a las que describió como «modélicas en la creación de empleo, en la apuesta por el desarrollo económico y en la política social».
Bernabé Unda, el titular de Industria, le ha tomado el relevo y en las últimas dos semanas ha expuesto esos mismos argumentos en al menos tres ocasiones. El propio lehendakari cerró el jueves el círculo de defensa en una conferencia en Madrid en la que mostró su cercanía con el grupo cooperativo, del que dijo que «sufre campañas de difamación asimilándoles al mundo del abertzalismo radical cuando nada hay más lejos de la realidad».
Ha sido la última muestra de defensa y apoyo. Pero todo apunta a que habrá más. Según ha podido saber este periódico, ya se ha activado en el Parlamento vasco una iniciativa que previsiblemente se traducirá en la aprobación de una declaración de respaldo a Mondragón. De hecho, se han desarrollado contactos entre los partidos de la Cámara y todo apunta a que el consenso será total.
Frecuentes ofensas
Desde 2000, el primer grupo empresarial de Euskadi ha sufrido de forma periódica operaciones de descrédito, la mayor parte de ellas a través de Internet. En el curso de esta década, ha habido al menos dos maniobras especialmente agresivas.
La primera se produjo en 2002. En mayo de ese año fue detenido el director de auditoría interna de Caja Laboral, acusado de colaborar con ETA. La entidad se desvinculó inmediatamente del directivo y le relevó de forma definitiva. No sólo eso: también se decidió dejarle fuera de Mondragón; es decir, anular su condición de cooperativista. Pero ello no evitó que surgieran acusaciones en la Red en las que se relacionaba a la caja con la actividad terrorista.
El otro momento cumbre se produjo en 2005, cuando Mondragón fue objeto de una amplia campaña en la que se le acusaba de financiar a ETA tras un aval concedido al dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi para pagar su fianza. En ese momento, el grupo decidió cambiar su estrategia de defensa y anunció la puesta en marcha de acciones legales contra los responsables de esos ataques. Una medida que no ha evitado el acoso que ahora persigue frenar el Gobierno vasco.
