Los atestados de los agentes que investigaron el 'chivatazo' no son los únicos documentos que apuntan a que el soplo fue obra de la cúpula policial. Las actas de ETA sobre las denominadas conversaciones de Loyola -el frustrado diálogo con el Gobierno- también insisten en esa tesis y revelan, siempre según la versión de los terroristas, que el Ejecutivo esgrimió el soplo como un gesto de buena voluntad en uno de esos contactos durante la pasada tregua.
Según han desvelado mandos de la lucha antiterrorista, el Ministerio de Interior tiene en su poder desde hace más de un año esos papeles etarras, ya que una copia de las actas le fue incautada al ex jefe político de ETA Francisco Javier López Peña, 'Thierry', cuando fue detenido el 21 de mayo de 2008 en la localidad gala de Burdeos. De inmediato, las autoridades francesas escanearon aquellos papeles y los enviaron a Madrid.
Durante un año y medio esos comprometedores documentos sólo han pasado por manos policiales y la 'bomba de relojería' parecía desactivada. Pero la de 'Thierry' no era, ni mucho menos, la única copia y ahora esas páginas han comenzado a difundirse en círculos de la izquierda abertzale. El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba es consciente de que en breve podría tener que enfrentarse a un nuevo frente en el 'chivatazo'. Y esta vez no por los informes de sus policías.
Fuentes de la lucha contra ETA aseguran que en esas actas la banda califica el 'chivatazo' y, sobre todo, la filtración del asunto por la falta de rigor de algunos de sus militantes, como un «accidente muy grave». Siempre según los documentos de los terroristas, el Gobierno hizo méritos en sus encuentros a cuentas del soplo y recordó a la banda que el 'favor' del bar Faisán había costado la imputación del ex director de la Policía y de varios funcionarios.
