La Justicia gala sigue la pista española en el secuestro a finales de 2008 en el País Vasco francés de Juan María Mujika Dorronsoro, 'refugiado vasco' en aquella época y ahora considerado por la Audiencia Nacional integrante del comando encargado de transportar los lanzamisiles con los que ETA intentó asesinar en 2001 a José María Aznar. La investigación desarrollada en Bayona constató la presencia de cuatro teléfonos móviles españoles en el lugar y el momento de los hechos denunciados por la víctima del rapto. Pero los titulares de los números no han sido identificados en la respuesta de Madrid a una comisión rogatoria internacional remitida por el juez instructor francés, ya que corresponden a líneas abiertas con tarjetas prepago que eran anónimas en el momento de la contratación.
Juan María Mujika interpuso una querella ante la Fiscalía de Bayona el 19 de diciembre de 2008 en la que denunció que una semana antes, el día 11, había sido abordado por varios desconocidos en Saint-Palais (Baja Navarra) cuando se disponía a regresar a su domicilio en Domezain (Zuberoa) donde residía y trabajaba como agricultor. Según el relato de hechos, tras montar con ellos en un coche, se presentaron como policías españoles y le condujeron hasta el cercano lago de Béhasque, un lugar apartado y poco frecuentado en aquellas fechas, donde le interrogaron durante un par de horas y le ofrecieron colaborar con ellos a cambio de dejarle en paz, a él y a su familia.
«El chantaje y las presiones estaban ligadas a la encarcelación de su hija», señala su abogada, Maritxu Paulus-Basurco en conversación con EL CORREO. Irati Mujika Larreta se encontraba entonces encarcelada en la prisión madrileña de Soto del Real tras haber sido detenida el 11 de noviembre de 2008 en una redada contra la organización proscrita Segi. El 2 de febrero de 2009 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó su puesta en libertad bajo fianza, pero el pasado 24 de noviembre fue arrestada otra vez en una nueva operación contra las juventudes del independentismo ilegal.
En el registro de su domicilio en Amezketa (Guipúzcoa) se encontró una carta escrita por su padre que ha servido de base argumental al juez Fernando Grande-Marlaska en el auto que emitió el pasado martes sobre el comando de los misiles, el que intentó asesinar en 2001 en tres ocasiones a José María Aznar, entonces presidente del Gobierno . En el mensaje, Juan María Mujika pide a su hija que comunique a su amigo Peio Olano Zabala, recién encarcelado en esta causa y antes condenado por amenazar de muerte a la alcaldesa del PP de Lizartza, la necesidad de que contacte con él porque «quisiera saber si la txakurrada (fuerzas de seguridad) está al corriente de lo que hicimos nosotros». El texto está redactado después del secuestro de su autor y la excarcelación bajo fianza de su destinataria.
«No es caso de terrorismo»
Aunque no contempla medidas en su contra, el auto de Grande-Marlaska transforma a Mujika Dorronsoro de simple 'refugiado' sin antecedentes en presunto co-partícipe en una triple tentativa de matar al jefe del Gobierno español. Pero ese giro no tiene consecuencias judiciales sobre la causa abierta precedentemente en Francia. «Investigamos una denuncia por secuestro temporal de un individuo que, aunque sea sospechoso de pertenecer a ETA, no es un caso de terrorismo, campo de la competencia de París», explica la fiscal-jefe de Bayona, Anne Kayanakis.
Semanas después de la querella presentada por Juan María Mujika, la Fiscalía abrió un sumario que fue encomendado al juez Laurent Tignoles, vicepresidente encargado de la instrucción en la Audiencia de Bayona. Está dirigido contra los autores desconocidos de un delito de secuestro, penado con hasta cinco años de prisión y multa de 75.000 euros, ya que la víctima fue liberada voluntariamente antes del séptimo día. La iniciativa refleja la credibilidad concedida a la versión de Mujika pues, como apunta Kayanakis, «no tenemos razones objetivas para poner en duda sus declaraciones».
Un informe pericial de telefonía ha venido a confortar la aparente veracidad del relato. La comprobación de las señales emitidas por los repetidores de la zona ha revelado que en el momento de los hechos estaban activados en el área mencionada por el denunciante varios teléfonos móviles. «Los números que han sido identificados son españoles», confirma a EL CORREO la fiscal de Bayona. Fuentes judiciales de París precisaron que las líneas detectadas son cuatro, lo que coincide con el número de secuestradores obrante en la querella. «Qué casualidad. Huele mal», apostillaron.
A la vista de los datos recabados, el juez Tignoles envió una comisión rogatoria internacional a España para interesar la indagación de las identidades de los titulares de las líneas incriminadas. Pero, según las fuentes citadas, las autoridades españoles han contestado que los números corresponden a tarjetas prepago y por tanto anónimas, ya que hasta el pasado otoño se contrataban sin necesidad de presentar documentos acreditativos de la identidad.
La insatisfactoria respuesta, que no ha sorprendido en Bayona ni en París, amenaza con bloquear la investigación francesa sobre el secuestro y conducirla a un callejón sin salida. «Hay que partir de algo concreto y, a menos de recibir información por parte de alguien que sepa algo, es difícil que se pueda avanzar», analiza Kayanakis.
