Las constructoras de los aparcamientos de El Carmelo y El Arenal han llevado a los tribunales al Ayuntamiento de Bilbao para obtener una compensación económica por el fracaso comercial de ambas operaciones. En conjunto reclaman 16 millones de euros, lo mismo que pidieron el pasado mes de mayo por la vía administrativa, para cuadrar sus cuentas ante las «pérdidas constantes» que generan las plazas desocupadas y los gastos financieros. Su exigencia se basa en la «ruptura del equilibrio económico de la concesión». Algo que en su opinión no puede achacarse a la crisis porque las ventas fueron mal desde el principio, sino a las fallidas previsiones de los estudios de viabilidad.
Los jueces deberán determinar hasta qué punto la Administración es responsable de la rentabilidad de los contratos. El Ayuntamiento siempre ha defendido «el riesgo y ventura» que asumen las empresas, «que deben hacer sus previsiones de forma realista. De la misma forma que pueden obtener peores resultados de lo que esperaban, también pueden mejorarlos», argumentó el pasado mes de julio al rechazar las reclamaciones. En aquel momento se cerró la vía administrativa y quedó abierta la posibilidad de un conflicto judicial, que se ha visto confirmada en los últimos días.
La UTE Ibarreta, que gestiona el parking de El Carmelo, ha presentado un recurso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao, con fecha del 24 de noviembre. El de la UTE Arenal se interpuso en el juzgado número 3 tres días después. Tienen intereses comunes, ya que Construcciones Olabarri participa en ambos grupos empresariales. En el aparcamiento de Santutxu se ha asociado con Bikain y en los de El Arenal, Plaza Nueva, Travesía Ciudad Jardín y Camino del Polvorín, que forman parte del mismo contrato, con Lauki y Viuda de Sainz.
Gastos financieros
Es la primera vez que el Ayuntamiento se enfrenta a un pleito de esta envergadura con un concesionario de aparcamientos. Hasta ahora le habían llevado a juicio algunas comunidades de propietarios, bien por desperfectos en los recintos o por problemas en las obras, como en el caso del parking de El Arenal. Sólo la reclamación de los constructores de El Carmelo se eleva a 11,5 millones de euros. Una suma que incluye el coste de las obras, los beneficios previstos durante la concesión, los gastos financieros y el rescate de las parcelas no vendidas. De las 159 plazas para residentes, al precio de 27.000 euros, de los más altos de la ciudad, sólo se ha comercializado el 42%. Los resultados en las de rotación son aún peores, con una ocupación media que no llega al 5%.
El recinto se inauguró en enero de 2008. En pocos días, cuando lleve dos años en servicio, la promotora podría exigir a la institución local la compra de un tercio de las plazas al 65% de su precio, un 'colchón' que se introdujo en los pliegos de condiciones para dar tranquilidad a los empresarios. Sin embargo, ha preferido apostar fuerte y acudir a los tribunales para conseguir mucho más que eso. Los responsables del área de Aparcamientos creen que la cláusula del rescate será un argumento a su favor en el conflicto, ya que supone una garantía en caso de que las ventas vayan mal. Es todo lo que están dispuestos a pagar, salvo que los jueces indiquen lo contrario.
En el parking de El Arenal, que empezó a funcionar en noviembre de 2006, sólo se ha vendido el 30% de las 458 plazas para residentes, aunque, como recuerda el Ayuntamiento, la ocupación se eleva al 86% si se añaden las que están en alquiler. En rotación se utilizan alrededor de la cuarta parte de las parcelas.
Tanto este recinto como el de El Polvorín incrementaron su oferta de plazas sobre la marcha a petición del contratista, por lo que la caída ha sido aún mayor. Al ver defraudadas sus expectativas en ambos aparcamientos -los otros tres han obtenido mejores resultados-, la empresa pide una compensación de 4,5 millones, que ahora está en manos del juez. El Ayuntamiento confía en que el fallo vaya en la línea de algunos precedentes consultados -en Madrid un pleito similar se resolvió a favor de la Administración-, ya que una sentencia desfavorable tendría un gran impacto en las arcas municipales.
