En el controvertido asunto de la fiscalidad de las Sicav, y como era de esperar, al final han triunfado las consideraciones políticas sobre las conveniencias económicas. El debate ha sido corto en el tiempo y escasamente profundo en su contenido; y los componentes populistas y las necesidades partidistas han pesado siempre más que los argumentos técnicos. Porque aquí no se trata de discutir sobre si es conveniente, o necesario, aumentar la carga fiscal que soportan estas figuras; o de justificar la decisión de castigar a esta fórmula de ahorro frente a otras instituciones de inversión colectiva que gozan de las mismas ventajas fiscales; sino de determinar si las queremos cerca o lejos. Con el cambio introducido, nadie va a pagar más; simplemente, algunos se van a ir lejos, en busca de tratamientos más favorables. Nosotros perderemos algunas gestoras, unos pocos empleos cualificados y muchas comisiones para la Bolsa y, a cambio, las diputaciones se ahorrarán el juego de las retenciones.
Puede que nada de eso tenga una relevancia enorme, pero, como decía Mario Fernández, el presidente de la BBK, no hay que hacer cálculos de corto plazo, sino analizar consecuencias permanentes. Porque, en todo esto, hay una evidente incongruencia. Por un lado, hacemos grandes esfuerzos y nos gastamos no poco dinero en programas destinados a atraer capitales que financien nuestro desarrollo. Por otro, ahora, decidimos ahuyentarlos imponiéndoles mayores impuestos. Se podrá decir que son meros capitales financieros, pero siempre es mejor tenerlos cerca que lejos. Ahora se van e igual luego no vuelven. ¿Los echaremos de menos?
