El Correo Digital
Viernes, 25 abril 2014
claros
Hoy 7 / 17 || Mañana 10 / 18 |
más información sobre el tiempo
Estás en: > > >
Euskadi precisa una «profunda reforma fiscal» para mantener los servicios sociales

situación económica

Euskadi precisa una «profunda reforma fiscal» para mantener los servicios sociales

El Gobierno vasco ve insostenible el actual sistema al triplicarse el gasto en la última década y caer los ingresos por impuestos

09.12.09 - 02:35 -
En Tuenti
CerrarEnvía la noticia

Rellena los siguientes campos para enviar esta información a otras personas.

* campos obligatorios
Cerrar Rectificar la noticia

Rellene todos los campos con sus datos.

* campos obligatorios
Hay un sencillo principio lógico que dice 'de donde no hay, no se puede sacar'. Y es perfectamente aplicable a la financiación de los servicios sociales. De un lado, las administraciones vascas han triplicado en la última década el gasto en ayudas contra la exclusión, las partidas para la tercera edad, para los discapacitados... Y ahora, la crisis y el aumento del paro ha disparado aún más las asignaciones para hacer frente a prestaciones como la renta básica, de la que depende la subsistencia de más de 55.000 familias. Pero, de otro lado, los ingresos por impuestos no han aumentado al mismo ritmo. En la última década sólo se han duplicado. Y con la recesión económica llega lo peor, porque en 2008 han caído y en 2009 se desplomarán hasta niveles de 2005. Así que la brecha entre lo que se gasta y lo que se ingresa se convierte en abismo.
Con este panorama, ¿corre peligro el Estado del bienestar? ¿Están las prestaciones en la cuerda floja? Plantear esto es mentar a la bicha. Cualquiera con responsabilidades de gobierno dice que, a corto plazo, no; pero nadie acaba de definir cuánto dura un corto plazo. También dicen que hay que tomar medidas para evitar el colapso. ¿Qué medidas? Aquí llega el debate. «No hay duda de que para mantener a medio y largo plazo el sistema de bienestar social será necesaria una profunda reforma fiscal», admitieron a EL CORREO fuentes autorizadas de la Consejería de Economía y Hacienda del Ejecutivo vasco.
El asunto hay que enmarcarlo. La polémica se intensificó la pasada semana después de que el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, alertase de que «si no se toman medidas urgentes, será imposible mantener en el futuro el actual nivel de prestaciones sociales». Ya antes, su homólogo alavés, Xabier Agirre, había llamado la atención sobre los riesgos de una «vaca» que deje «de dar leche», en relación a las arcas forales y su disposición para hacer frente al gasto social. Y lo mismo se había planteado en Guipúzcoa, donde la diputada de Política Social, Maite Etxaniz, abogó por «revisar la política impositiva» para «hacer sostenible el desarrollo social».
José Luis Bilbao habla abiertamente de recaudar más dinero de los ciudadanos ya sea «a través de un nuevo impuesto, un recargo de los ya existentes o un cambio en las cotizaciones». Y de, con esas cantidades, abrir un fondo propio, al margen de los presupuestos ordinarios y gestionado por las diferentes administraciones, para garantizar el gasto social. Sin embargo, la idea no le gusta al consejero de Economía, Carlos Aguirre, quien se muestra más proclive a mantener la presión impositiva y lograr dinero adicional a partir de la «austeridad» y de luchar contra el fraude, tanto fiscal como en los perceptores de ayudas.
Pero ahora, desde el Gobierno vasco admiten la necesidad de una profunda reforma fiscal «a medio y largo plazo». Entonces, ¿no están diciendo lo mismo el Departamento de Aguirre y las diputaciones? En un aspecto no: el consejero rechaza abrir un fondo extraordinario para hacer frente a unos gastos ordinarios como son los de tipo social. En otro aspecto -la determinación de echar mano a los impuestos- parece que sí coinciden. Aunque el enfrentamiento parece responder a una percepción diferente de los de ritmos. De los tiempos para plantear el asunto.
Menos deducciones
Fuentes del Gobierno vasco afirman que «en estos momentos la prioridad es el control del gasto y la mejor gestión de todos los recursos». También hablan de «evitar duplicidades en la concesión de ayudas y servicios», algo a lo que se presta el intrincado mapa de prestaciones donde a menudo se solapan el Ejecutivo autonómico, las diputaciones y los ayuntamientos. Desde del punto de vista fiscal, también se habla de restringir las deducciones que no tengan un claro componente social -lo mismo que ha planteado el Gobierno de Zapatero en las relacionadas con la vivienda- tanto para las personas físicas como para las empresas.
Antes de continuar merece la pena preguntarse, ¿es para tanto el problema? ¿Es tan preocupante la situación? La respuesta es afirmativa si se analizan la evolución del gasto social en la última década y la de los ingresos de las administraciones vascas. En 1998 el gasto en servicios sociales en Euskadi fue de 362 millones de euros; en 2007 -último año del que hay datos globales- se triplicó y llegó a los 1.079. Mientras tanto, la recaudación en impuestos sólo se duplicó, al pasar de 8.000 millones a 16.000 en el mismo periodo de tiempo.
Pero lo peor llega ahora, porque estamos en crisis. En 2008 los ingresos cayeron hasta los 14.900 millones, y la previsión es que en 2009 se desplomen por debajo de los 13.000, es decir, a niveles del año 2005. Mientras, el gasto social se dispara. No hay cifras globales de todas las administraciones vascas a partir de 2007, pero sí algunos indicadores. Por ejemplo, el de la renta de garantía de ingresos (RGI), antes conocida por renta básica. Hace dos años la cobraban 36.004 personas, y en estos momentos son 55.770 las que dependen de ella. En cuanto a las ayudas de emergencia social -aquellas asignaciones puntuales a familias que, por ejemplo, no pueden pagar el alquiler de la casa-, la cifra de beneficiarios ha pasado de 26.398 a 38.000 en el mismo periodo. De hecho, Asuntos Sociales ha inyectado 20 millones de euros adicionales ya que los 34,5 millones presupuestados para 2009 se quedaron cortos. Para aumentar aún más la sangría en las arcas destinadas a prestaciones sociales, hay que tener en cuenta que en 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia, que está desorbitando aún más el gasto.
Más allá de la crisis
Habrá quien piense que esto es un fenómeno coyuntural: pasada la crisis, acabado el problema. Pero no. Sobre todo, por el envejecimiento de la población. La tercera parte del dinero que se gasta en servicios sociales está destinado a la atención de personas mayores: residencias, ayuda domiciliaria... Esta partida no deja de crecer, y aumentará aún más en los próximos años. Según varios estudios, el número de personas dependientes subirá casi un 20% en Euskadi en los próximos seis años. La mayoría necesitará de ingresos en residencias o de ayuda a domicilio, porque la estructura social ha cambiado y la mujer ya no se encadena a las labores domésticas y al cuidado de los mayores.
Así que hay un problema, y es grave. Es una de esas situaciones catastróficas e incómodas que se ven venir, pero sus dimensiones ciclópeas paralizan a quienes deben tomar decisiones -véase la burbuja inmobiliaria a nivel local o el cambio climático en el ámbito global-. Así que, de momento, nadie se atreve a concretar las soluciones. Desde las diputaciones señalan que se está planteando un debate y no es tiempo de señalar, por ejemplo, los impuestos a subir o los servicios a gravar con nuevos tributos. En el Gobierno vasco alegan que las competencias fiscales corresponden a las diputaciones, y que ellas deberán decidir. Además, rechazan dar plazos para esa «profunda reforma fiscal» que se están planteando.
En cualquier caso, la solución que se tome será «una decisión política, no técnica, y es bueno que se haya abierto el debate», dice Felipe Serrano, catedrático de Economía Aplicada de la UPV. «Son los políticos quienes deben decidir si se mantiene el gasto social o si se suben los impuestos». A su juicio, no hay fórmulas intermedias. Racionalizar el gasto es una medida a corto plazo, pero no una solución al problema porque a medio y largo plazo «crece la brecha entre gastos e ingresos» en el sector público.
En el Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno vasco están de acuerdo, aunque son algo más optimistas. «En una comunidad autónoma pequeña como la nuestra tiene recorrido el buscar la eficiencia, la austeridad, evitar la duplicidad de gastos...», defiende el viceconsejero Fernando Fantova. La pregunta es, ¿hasta cuándo el sistema podrá aguantar con estos parches? «No creo que haya una fecha de caducidad», dice. A su juicio, nos hemos acostumbrado a un grado de protección determinado en una sociedad que está cambiando. Pero esos cambios van más allá de los servicios sociales, afectan también «al gasto sanitario, al educativo, a las pensiones... Es todo el sistema de bienestar el que está en debate».
2010 es el año
Por eso, al final, la conclusión es la misma: va a haber que cambiar muchas cosas. «Tendremos que decidir si seguimos pagándolo todo a escote, vía impuestos, o si se opta por el copago u otras fórmulas». Esto del copago ya fue planteado por la Diputación guipuzcoana y la alavesa. Por ejemplo, aplicado a las comidas en las residencias. En cualquier caso, Fantova está de acuerdo con el diputado general de Vizcaya en un aspecto: 2010, año no electoral, ejercicio propicio para tomar decisiones poco populares, será un buen momento para llegar a acuerdos institucionales sobre el futuro modelo.
En Tuenti
Euskadi precisa una «profunda reforma fiscal» para mantener los servicios sociales

Concentración en Bilbao contra la exclusión social. :: IGNACIO PÉREZ

elcorreo.com

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.