Los internautas, que con sus miles de firmas a través de redes sociales como Facebook y Twitter están secundando el manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en internet', han decidido convocar una concentración mañana por la tarde frente al Ministerio de Cultura. "Esta podría ser la primera vez que de verdad se organiza una revolución digital", explica Iván San Martín, usuario de Internet, bloguero y uno de los creadores del grupo de Facebook en defensa del manifiesto que este mediodía ya contaba con más de 33.000 miembros.
Los internautas se están comunicando a través de foros de debate, correos electrónicos y mensajes con diversas asociaciones que al margen del encuentro 'popular' de mañana pretenden "coordinar y organizar una manifestación muy fuerte para el día 11, con la intención de convocar a un millón de ciudadanos". San Martín, residente en Valladolid, afirma que "Facebook es solo la punta del iceberg del clamor que es la red" puesto que muchos ciudadanos apoyan el manifiesto desde Tuenti, Twitter, centenares de blogs o páginas que enlazan al documento, "como demuestra una rápida búsqueda en Google".
Escrito por cerca de cincuenta blogueros, académicos, periodistas, profesores y empresarios durante la madrugada del pasado miércoles a través de una herramienta de Google que permite a varias personas trabajar en línea, el manifiesto no está firmado, porque "es de todos y de ninguno", asegura el bloguero, retomando las palabras que cierran el texto. "Somos una masa social, no tenemos representación y nadie tiene que firmar el manifiesto", afirma.
Muchos internautas han mostrado su descontento con la reunión que el colectivo ha tenido esta mañana con Ángeles González Sinde, en la que, afirma San Martín, "se ha intentado convencer de las bondades de esa disposición" por la que "todas las páginas de Internet son susceptibles de ser cerradas".
En contra de las modificaciones que propone el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, los internautas reclaman que los derechos de autor no puedan situarse por encima de los derechos fundamentales y que la suspensión de esos derechos sea competencia exclusiva de un juez.
