«La polémica dura unos días, pero aún quedan cuatro años para las siguientes elecciones». Algo así suelen pensar algunos alcaldes, con más o menos escrúpulos, cuando acceden al puesto y acuerdan en el primer pleno de la legislatura subirse el sueldo a sí mismos, al equipo de gobierno y, de paso, a la oposición, que así será 'cómplice' y criticará menos. La hemeroteca está repleta de pillerías políticas de este tenor. Un ejemplo: el regidor de Castro Urdiales, que se pegó un estirón de un 45% a la nómina en la primera sesión tras las elecciones de 2007. Otro más: el de la localidad madrileña de Torrelodones, que engordó su salario un 30% hasta equipararse a un ministro.
Encontrar la retribución «justa» para una actividad tan delicada «no es tarea fácil», sostiene el alcalde de Tolosa y presidente de la Asociación de Municipios Vascos, Jokin Bildarratz. Es cierto. Al contribuyente siempre le parece que los políticos, en cualquier escalafón, ganan demasiado. A los implicados, que «en el ámbito privado se gana mucho más».
Bildarratz reconoce que «tampoco es bonito» que deba ser el pleno quien establezca los sueldos. «Nosotros proponemos que se determinen desde instancias superiores para evitar suspicacias», dice. «Que se marque por el Parlamento en la Ley Municipal y sea de obligado cumplimiento», plantea.
