LA VOTACIÓN
La ley que permitirá a las mujeres españolas abortar de forma libre en las primeras catorce semanas de gestación superó ayer su primer trámite en el Congreso. El Gobierno logró, tras un áspero debate, tumbar las enmiendas a la totalidad que presentaron el PP, ocho de los diez diputados de CiU y los representantes de UPyD y UPN. El resultado de la votación -183 votos frente a 162, y una abstención, la de la diputada de CiU Mercé Pigem- permite continuar la tramitación del texto, uno de los más discutidos de la legislatura.
La ministra de Igualdad e impulsora del proyecto, Bibiana Aído, estuvo arropada por todos sus compañeros de Gabinete. Aído puso el acento en la «importancia histórica» que supone despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en España y dejó abierta la posibilidad de modificar, mediante alguna enmienda parcial, uno de los aspectos más polémicos de esta norma: que las adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento paterno. Se trata de la principal exigencia que plantea el PNV al PSOE para respaldar definitivamente la reforma de la actual ley.
En cualquier caso, el Ejecutivo central sólo estaría dispuesto a ceder en el cómo y en el cuándo se comunica a los padres la decisión de su hija, pero califica de «irrenunciable» la potestad de la menor a poner fin a su estado de gestación, con independencia de la opinión de los progenitores. ¿El motivo? De no ser así, perdería el sostén de las formaciones de izquierda.
En el PP dan por perdida esta batalla, aunque no la guerra. Su secretaria general, Dolores de Cospedal, ya ha anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional si la reforma legislativa se aprueba de manera definitiva en los términos en que está redactada en la actualidad. Los populares acusan al Gobierno Zapatero de imponer una ley de «aborto libre».
«Sociedades avanzadas»
La primera discusión parlamentaria de esta norma -su denominación oficial es Ley de Salud Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo- puso de manifiesto la complejidad que supone separar intereses morales, civiles y religiosos. La propuesta de Aído logró el beneplácito de partidos de izquierda y de centro-izquierda, pero también del centro-derecha. Es más, CIU otorgó a sus parlamentarios libertad de voto, una facultad que sólo mantiene en asuntos de extrema sensibilidad social.
El presidente del Gobierno siguió desde su escaño toda la intervención de la ministra de Igualdad, una deferencia reservada para las grandes ocasiones legislativas. Tras el debate, Rodríguez Zapatero afirmó que la nueva ley dará «garantías» a las mujeres ante un tema tan dramático como el aborto y acabará con la calificación penal de la interrupción del embarazo. «Eso es lo que hacen las sociedades avanzadas y España lo es», sentenció.
