Los jueces no se muestran demasiado proclives a imponer a los maltratadores dispositivos de localización GPS para evitar que infrinjan la orden de alejamiento de sus víctimas. En la actualidad, sólo 55 agresores llevan uno de los 3.000 brazaletes que el Gobierno central ha puesto a disposición de los magistrados. Cuatro de ellos son vascos. El programa, que arrancó a finales del pasado mes de julio, es una iniciativa conjunta de los ministerios de Igualdad, Justicia e Interior, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía.
Estos datos fueron dados a conocer ayer por el gerente de Telefónica y vocal de la UTE con Securitas Direct, Carlos Martín, que gestiona el sistema. Según explicó, aunque la extensión de los brazaletes depende de la «demanda de los jueces» y las «necesidades de las víctimas», el consorcio de empresas vaticina «un crecimiento importante» en los próximos meses, a tenor de los últimos datos: entre septiembre y octubre, el número de dispositivos requeridos por las autoridades judiciales se disparó hasta un 110%, mientras que en noviembre la cifra creció un 31%.
230 alarmas
Carlos Martín detalló que, en el último trimestre, el centro de control ha atendido más de 230 alarmas que han activado el protocolos de respuesta: alertar a las fuerzas de seguridad de la proximidad del agresor y avisar por teléfono a la mujer protegida. En la actualidad hay más de 150.000 dispositivos de este tipo en el mundo que, según Martín, permiten «todo tipo de posibilidades», como la localización de áreas a las que el maltratador no puede acercarse o zonas de preaviso en el entorno de la víctima.
«Las mujeres que lo utilizan tienen certeza de tranquilidad y seguridad», destacó el gerente de Telefónica, que ayer fue el anfitrión de una visita guiada al centro de monitorización y control nacional de estos dispositivos, ubicado en la localidad madrileña en Pozuelo de Alarcón. Al acto acudieron la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y sus homólogas de Francia, Nadine Moreno; Portugal, Elza Pais; Austria, Gabriele Heinisch-Hosek y Chile, Carmen Andrade, que mostraron un gran interés por esta iniciativa. De hecho, la representante gala confirmó durante su intervención ante el Foro Juventud y Violencia de Género, que se celebra en Madrid, que Francia tiene previsto probar el sistema, mientras que la ministra austriaca anunció que su país estudiará su implantación.
Un estudio de la Fundación Atenea, financiado por el Plan Nacional sobre Drogas y publicado ayer, ha demostrado que más de la mitad de las mujeres que acuden a los servicios de atención a drogodependientes sufren al mismo tiempo la violencia machista. Su autora, Violeta Castaño, sostiene, sin embargo, que el porcentaje de estas dobles víctimas es mucho más elevado porque muchas de ellas ni siquiera pide ayuda.
