El grupo juvenil Segi está considerado por el Ministerio del Interior como la organización de la izquierda abertzale "más ortodoxa y de mayor fidelidad" a ETA. Ilegalizada en enero de 2007 por el Tribunal Supremo, los cuerpos de seguridad han proseguido sus investigaciones sobre este grupo juvenil ya que, por un lado, constituye la "cantera" de la que salen los nuevos miembros de ETA y, por otro, es el responsable de practicar la violencia callejera.
Las investigaciones policiales permitieron detectar que hace meses se había constituido una nueva estructura directiva pensada para eludir las actuaciones judiciales, según indicó el Ministerio del Interior. Por un lado, se organizó un núcleo dirigente que actuaba en la clandestinidad dirigiendo Segi y, por otro, una parte de los responsables del grupo juvenil crearon unas estructuras bautizadas como "gazte independentistak" (jóvenes independentistas) y "asambleas de jóvenes" como marcas blancas para seguir actuando en público burlando las prohibiciones judiciales derivadas de su ilegalización.
Las pesquisas de la Policía y la Guardia Civil permitieron identificar la estructura que Segi había ido reconstruyendo, desde los ámbitos comarcales hasta su cúpula. Además, en el caso de Navarra, la Guardia Civil detectó el funcionamiento de una red de 'gaztetxes' de la comarca de Pamplona desde los que se encargaban de "dinamizar" otros locales de su zona. Además, los beneficios económicos obtenidos servían para financiar a Segi.
"Aumentar la presión"
En las investigaciones tuvo también un peso importante la documentación intervenida en Francia al dirigente de ETA Ekaitz Sirvent Auzmendi, miembro del 'aparato político' de la banda terrorista que fue arrestado por la policía gala en el mes de abril. Esa documentación incluía planes de refuerzo de la estructura organizativa de Segi y de ampliación del número de militantes mediante nuevas captaciones y el alargamiento del periodo de duración de la militancia en la organización juvenil.
La banda terrorista había realizado previsiones para el aumento de la violencia callejera. En concreto, los papeles de ETA establecían la necesidad de "aumentar la presión" sobre lo que se calificaba de "luchas prioritarias" entre las que incluía el tren de alta velocidad, la especulación inmobiliaria y el modelo educativo.
Los documentos incautados a Sirvent fueron enviados por la juez de París Laurence Le Vert mediante una comisión rogatoria internacional al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional.
