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El Gobierno «no descarta» pactar con Somalia para enviarle a los dos piratas

Liberación del 'Alakrana' Embrollo judicial

El Gobierno «no descarta» pactar con Somalia para enviarle a los dos piratas

El secretario de Justicia advierte de que antes de tomar una decisión hay que esperar a que sean sentenciados

20.11.09 - 02:46 -
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El Gobierno de Zapatero «no descarta» firmar un acuerdo con el Gobierno Transitorio de Somalia -un organismo respaldado por la UE que no ejerce ningún control sobre su territorio- para mandar a los piratas 'Abdu Willy' y Raageggesey al Cuerno de África, donde teóricamente cumplirían la condena que les imponga la Audiencia Nacional por el secuestro del 'Alakrana'. El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, explicó que el Ejecutivo está abierto a cualquier medida que no vulnere la legalidad y que «redunde en la seguridad» de los atuneros españoles.
Campo recordó, de todos modos, que antes de adoptar una decisión hay que esperar a que los bandidos capturados por la fragata 'Canarias' sean juzgados y sentenciados como es debido. «Cuando los tribunales decidan, la cuestión se abordará», indicó el secretario de Estado, quien no quiso pronunciarse sobre la decisión del juez instructor Santiago Pedraz de abrir una pieza separada en el sumario del 'Alakrana' para perseguir a los intermediarios que negociaron el rescate y se llevaron una comisión.
Respetuoso con los plazos marcados por los jueces en esta crisis, que ha desembocado en un embrollo jurídico, Juan Carlos Campo también guardó silencio sobre la posibilidad de que el Gobierno opte por indultar a 'Abdu Willy' y a Raageggesey una vez dictada la condena. «Lo iremos viendo con los acontecimientos», resumió.
Mientras tanto, el juez Pedraz continúa dando curso a las nuevas pesquisas solicitadas por el fiscal para incorporarlas al sumario, que ya ha sido remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A la espera de que ese tribunal señale la fecha del juicio, ayer se confirmó que el instructor se desplazará a Gernika y Vigo para tomar declaración a los tripulantes del 'Alakrana' y preguntarles si quieren personarse en el procedimiento como acusación particular.
«Trama financiera»
Pedraz también investigará «la trama jurídica financiera» con sede en Londres que fue denunciada por la ministra de Defensa, Carme Chacón, y que presuntamente puso en contacto a los piratas somalíes con los propietarios del 'Alakrana' para negociar un botín de cuatro millones de dólares.
Fuentes jurídicas indicaron que el juez pedirá a las autoridades británicas que le confirmen la lista de bufetes londinenses que se dedican a mediar en los secuestros de barcos y ofrecen sus servicios en Internet. El instructor y el fiscal desean conocer quién ordenó llevar el dinero del rescate a la cubierta del 'Alakrana' antes de que el barco fuera liberado y cómo se realizó la operación. Con menos expectativas de éxito, pedirán que se rastreen las llamadas recibidas en el Reino Unido desde varios móviles de Somalia cuyos números están relacionados con intermediarios.
La Fiscalía entiende que la entrega del dinero al secuestrador -una operación pactada por el armador del 'Alakrana' y el embajador español en Kenia- constituye un delito «clásico» de cooperación con banda armada. En cambio, el tipo penal de asociación ilícita no ha sido atribuido a 'Abdu Willy' y a Raageggesey, a pesar de que ambos fueron capturados cuando navegaban armados en una barca en mitad del Índico, tras abandonar el atunero.
Santiago Pedraz considera que las conversaciones telefónicas que Raageggesey mantuvo con Somalia -«nuestra libertad está en vuestras manos», dijo- no prueban en sí mismas su participación en el secuestro. Por ese motivo, el instructor quiere preguntar a la tripulación del atunero si se acuerdan de los dos bandidos.
El hecho de que ambos no hayan sido acusados de asociación ilícita deja abierta la puerta a una condena inferior a seis años, lo que permitiría expulsarles de España con la Ley de Extranjería, como ha pedido la defensa. Sin embargo, para ello el tribunal tendría que rebajar sus incriminaciones, algo que fiscal no quiere hacer porque le parece un fraude. Ahora les acusa de 36 delitos de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas, cargos que suman más de 200 años de cárcel.


j.munoz@diario-elcorreo.com
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