El Gobierno vasco «trabaja» con la mirada puesta en el 1 de enero para asumir la transferencia de las políticas activas de empleo, aunque reconoce que hay dificultades para cumplir este compromiso. «No podemos trabajar con otra fecha», dijo ayer a EL CORREO la portavoz y consejera de Justicia y Administración Pública. Idoia Mendia enfatizó, no obstante, que el asunto es de una «enorme complejidad técnica», por lo que llegó a admitir que no sabe «si habrá retraso o no».
El traspaso de esta competencia, con una dotación de al menos 300 millones de euros y que lleva aparejada la asunción de casi 500 trabajadores del Inem, fue presentado a bombo y platillo por el lehendakari, Patxi López, y el vicepresidente tercero del Ejecutivo de Zapatero, Manuel Chaves, para el primer día del próximo año. Lo hicieron durante un encuentro celebrado en Vitoria el pasado 21 de mayo, coincidiendo con la huelga general planteada por las centrales abertzales, y en un ambiente de colaboración entre Administraciones sin precedentes, a diferencia de lo sucedido cuando gobernaba Ibarretxe.
En cualquier caso, las negociaciones, en las que participan un centenar de personas según reveló la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, la pasada semana en el Parlamento, avanzan a ritmo de crucero. Así, ya se ha decidido la dotación humana de Lanbide -el futuro servicio vasco de empleo, que concentrará las actuaciones y recursos-, al que serán transferidos 475 de los 686 trabajadores del Inem en Euskadi. A esa dotación se sumarán los 72 trabajadores de Egailan y una veintena de funcionarios del Departamento de Empleo.
Quedará abierta la puerta para que, más adelante, se incorpore el personal de diputaciones y ayuntamientos que trabaje en ese área cuando sus actuaciones sean asumidas por Lanbide.
Fuentes de la consejería de Empleo confirmaron que el traspaso se presenta más complejo de lo que se preveía, y precisaron que de haber retraso la decisión será adoptada por la Comisión Mixta de Transferencias cuando se reúna dentro «de una o dos semanas».
Medios conocedores del proceso aseguraron, no obstante, que el 1 de enero será «casi imposible» asumir las políticas activas, debido a «problemas técnicos de importancia». Y atribuyeron el retraso sobre la fecha anunciada a que el PNV está «maniobrando» para dilatar el procedimiento desde su posición privilegiada de interlocutor del Gobierno de Zapatero para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2010. Esta capacidad de demora fue apuntada implícitamente por la consejera Zabaleta cuando la pasada semana instó en la Cámara de Vitoria al partido jeltzale, «que ha sido capaz de comprometerse en la gobernabilidad del Estado», a que participe «en la responsabilidad de trabajar en el consenso de la transferencia».
