L a satisfacción y el alivio unánimes por la liberación de los tripulantes del 'Alakrana' dieron paso ayer a un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular y el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que además acabó cruzándose con la polémica suscitada en torno al uso del sistema de escuchas implantado para la intervención de las comunicaciones por orden judicial. El despropósito llegó a tal extremo que mientras Mariano Rajoy pedía la reprobación de De la Vega, Chacón y Caamaño, la vicepresidenta acusaba al PP de connivencia argumental con los piratas. La gestión por el Ejecutivo del secuestro del 'Alakrana' y su tripulación ha dejado un episodio especialmente confuso, el de la detención y puesta a disposición de la Audiencia Nacional de los dos piratas apresados por la Armada. La tardía explicación por la que De la Vega y la ministra de Defensa, Carme Chacón, atribuyeron la decisión al cumplimiento de dos de los artículos del acuerdo internacional que da carta de naturaleza a la 'operación Atalanta' no ha podido despejar todas las dudas generadas por una actuación que se mostró equívoca ante la opinión pública. De modo que ha llegado a distorsionar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los titulares de la Audiencia Nacional, así como a enturbiar la ineludible coordinación que, especialmente ante situaciones de crisis, deben mantener los integrantes del Gobierno.
Pero cuando la confrontación partidaria acaba suplantando por su protagonismo a la cuestión de la que se trata, y el ruido de la diatriba se vuelve ensordecedor, la opinión pública corre el riesgo de verse desatendida porque no se clarifica lo importante; y porque el problema deriva en una disputa de posiciones que impide llegar a conclusiones operativas que, en este caso, permitan prevenir nuevas crisis como la del secuestro del 'Alakrana'. Sería deplorable que Ejecutivo y oposición se enzarzaran en una discusión tan interesada que acabase sesgando el debate sobre las causas del cautiverio, los límites del compromiso internacional que dio lugar a la 'operación Atalanta', las medidas preventivas que puedan arbitrarse dentro del mismo, las iniciativas particulares que debería adoptar el Gobierno español y, no hay que olvidarlo, el grado de responsabilidad que cabe exigir a las compañías armadoras que hasta la fecha han venido operando en el Índico. Es imprescindible que Ejecutivo y oposición rebajen la tensión inmediatamente respecto al 'caso Alakrana' para que puedan hacerse oír cuantas propuestas traten de dar solución al endiablado problema de unas pesquerías sometidas al acoso pirata establecido en el caos somalí y alimentado por él. Y cuyo futuro está en entredicho si requiere de una escolta permanente de la Armada, o si continúa la industria del secuestro naval.
