El Gobierno vasco dará prioridad a la hora de ofrecer viviendas en alquiler a las personas en paro que hayan perdido su casa por ejecución hipotecaria. Para hacerlo posible, el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes ha llevado a cabo una modificación legal en una orden del año 2003 que entrará en vigor a partir del próximo martes.
Según ha indicado en rueda de prensa el consejero del ramo, Iñaki Arriola, esta medida pretende hacer frente a los efectos de la actual crisis económica. De hecho, ha explicado que, basándose en datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las previsiones de su departamento apuntan a que este año se produzcan en Euskadi unas 1.533 ejecuciones hipotecarias (buena parte de ellas motivadas por la entrada en el paro de los propietarios de la vivienda), frente a las 985 del pasado año o a las 584 del ejercicio 2007.
Tras recalcar que la medida va dirigida a personas con contrato de trabajo extinguido que además hayan perdido su vivienda por no poder pagar la hipoteca, Arriola ha precisado que el alquiler a abonar por los beneficiarios se fijará en función de sus posibilidades económicas.
El consejero ha subrayado que, con esta modificación legal, su departamento ha puesto ya en marcha las tres medidas en materia de vivienda que se comprometió a desarrollar en el corto plazo: además de la mencionada, la inversión de 22 millones de euros para la rehabilitación de viviendas, acordada en Consejo de Gobierno en junio, y otro acuerdo al que se dio el visto bueno en septiembre para impulsar la movilización del 'stock' de vivienda nueva vacía de propiedad privada en régimen de alquiler.
Por otra parte, Arriola ha anunciado que el próximo lunes se desarrollará en el Palacio Euskalduna una jornada en torno al Pacto por la Vivienda en Euskadi en la que tomarán parte las Administraciones responsables, así como los agentes públicos y privados del sector. El objetivo es "activar el proceso participativo" para tratar de conseguir una serie de conclusiones con respecto a dicho pacto.
Aunque no ha querido marcarse fechas en torno al tiempo que tardarán en elaborarse las conclusiones, el responsable vasco de Vivienda ha mostrado su deseo de que no fueran necesarios más de tres meses ya que, según ha recordado, el año próximo se desarrollará la Ley de Vivienda en el Parlamento vasco y se tendrá que aprobar el nuevo Plan Director en la materia, dos proyectos para los que le gustaría que pudieran ser tomadas en cuenta las opiniones de los agentes del sector.
