Los 47 días de secuestro del 'Alakrana' han puesto a prueba al Gobierno y a la Justicia. Un mes y medio de crisis en la que cada avatar en el atunero ha supuesto, como si de un espejo se tratara, una convulsión en La Moncloa y en la Audiencia Nacional, sobre todo en la recta final. Los piratas, sin saberlo, han alimentado discrepancias gubernamentales que estaban larvadas y han obligado a jueces y fiscales a aplicarse en soluciones jurídicas imaginativas.
La polémica surgió el mismo 2 de octubre, el día que los piratas abordaban el buque. El Gobierno, que sólo dos semanas antes había rechazado una propuesta del PNV para embarcar militares en los pesqueros, recibió una avalancha de críticas por ello. Defensa tomó las riendas de la crisis y contraatacó con el argumento de que el 'Alakrana' faenaba fuera de la zona de protección de la 'operación Atalanta'. Zapatero, consciente de la que se venía encima, encomendó a la vicepresidenta Fernández de la Vega la batuta de la célula de coordinación de la crisis.
El embrollo judicial estalló dos días después, cuando capturaron a los piratas 'Abdu Willy' y 'Raagegeesey'. El Gobierno ordenó a la Abogacía del Estado que denunciara el secuestro ante la Audiencia Nacional. El juez de guardia, Baltasar Garzón, abrió un proceso por secuestro y posible terrorismo. El 6 de octubre, el instructor, sin que nadie contestara su decisión, ordenó a Defensa el traslado de ambos a Madrid.
Durante los primeros días, reinó una razonable discreción. El Gobierno envió los primeros agentes del CNI a la zona para comenzar los contactos. Desde La Moncloa la consigna era el silencio. El equipo de crisis creía bajo control la situación. Todo cambió el 12 de octubre, cuando los dos bandidos llegaron a Madrid entre un gran revuelo mediático, estimulado por Defensa, que no dudó en distribuir las fotos de los dos prisioneros con monos blancos.
Familias en escena
Al día siguiente, los asaltantes incluyeron como condición la liberación inmediata de sus compinches y lanzaron las primeras amenazas de muerte. Las coacciones surtieron efecto. Las familias entraron en escena y criticaron el traslado de los detenidos. 24 horas después, Garzón encarceló a los dos y ordenó las primeras pruebas de edad de 'Abdu Willy' para determinar si era mayor de edad. Abría así una nueva deriva en la crisis y el culebrón de análisis médicos duró hasta el 2 de noviembre. La Audiencia zanjó el espectáculo y ordenó al juez Pedraz que se ocupara del sumario. Sin saberlo, el órgano de Gobierno del tribunal complicaba ese día una salida jurídica a la crisis al confirmar la competencia de la Justicia española sobre el secuestro.
El embrollo de la edad de 'Abdu Willy' mantuvo durante unos días las negociaciones en la sombra. Pero los avances no llegaban. La presión volvió a aumentar el 24 de octubre, cuando dos manifestaciones en Bermeo y Bayona pidieron la liberación. La polémica llegó cuatro días después al pleno del Congreso, con explicaciones de Zapatero incluidas. Presionado, el Gobierno tomó su primera decisión pública el 30 de octubre al autorizar que vigilantes armados embarcaran en los pesqueros.
Durante una semana el 'Alakrana' pareció 'desaparecer'. La Moncloa había logrado restaurar la discreción, pero todo voló por los aires cuando los marineros comunicaron a sus familias que los piratas se habían llevado a tres rehenes a tierra y que iban a comenzar las ejecuciones. Zapatero da un golpe de timón harto de que cualquier ministro hiciera declaraciones, a veces contradictorias.
Un día el portavoz era la titular de Defensa, otro el de Justicia, el siguiente el de Exteriores, con Fernández de la Vega de viaje oficial por Argentina. Las divergencias entre Carme Chacón y la vicepresidencia eran notorias. El presidente impuso a Moratinos. Los secuestradores rebajaron sus exigencias: ya no reclamaban que sus compinches fueran liberados, sino juzgados en Somalia. Bajo esa premisa, comenzaba la recta final con el diálogo directo entre el embajador español en Kenia y el presidente provisional somalí.
El 9 de noviembre, el Gobierno sondeó a la Audiencia para aceptar que los piratas cumplieran condena en su país, pese a las trabas y el ruido de fondo. El presidente de la Audiencia y el jefe del Ejecutivo, en sendas reuniones, lograron convencer a las familias de que el silencio era la mejor arma. El PP se avino a posponer las críticas al Ejecutivo.
La tensión, sin embargo, no decaía. Gobierno, Fiscalía y Audiencia buscaban a marchas forzadas una salida jurídica y el 10 de noviembre se cerró un compromiso para que los bandidos cumplieran la pena en Somalia. Dos días después, la Audiencia Nacional pone los puntos sobre las íes al declinar toda responsabilidad y trasladarla al Gobierno. En el Ejecutivo no iban mejor las cosas y Defensa replicó que las decisiones se tomaron por unanimidad.
El pasado sábado, la Fiscalía dio otro paso al pedir a Pedraz que concluyera el sumario. El instructor lo hizo ayer, sin interrogar ni a los militares ni a las víctimas. Hoy, casi al mismo tiempo que se anunciaba la liberación, Pedraz elevó a la Sala de lo Penal el sumario para empezar el juicio.
