El fiscal fue muy claro en su alegato final: «José Diego acabó con la vida de Nagore sin que ella tuviese la oportunidad de defenderse». El Ministerio Público acusó ayer a Yllanes de cometer un «hecho violento que encaja en un delito de asesinato». A su juicio, la muerte de la joven, que estaba «totalmente indefensa», «no es un simple homicidio» -como reclama la defensa- sino que «el procesado lo hizo conscientemente y sin la influencia del alcohol».
Javier Muñoz pidió para el acusado una pena de 17 años y seis meses de prisión por el delito de asesinato, dos años y medio menos de lo que solicitaba inicialmente al aplicar la atenuante de «reparación del daño» después de que Yllanes abonase 126.853 euros en favor de la familia de la víctima. El fiscal también solicita una indemnización de 120.000 euros para cada uno de los padres de Nagore y 80.000 para el hermano, mientras que la defensa pide siete años por un delito de homicidio. El juicio quedó ayer visto para sentencia.
El Ministerio Público manifestó en su exposición que el acusado tuvo «intención de matar» y que «existió alevosía». Aseguró que José Diego agredió a la joven y rechazó las tres atenuantes planteadas por la defensa; intoxicación, confesión y arrebato u obcecación. En ese sentido, el fiscal recordó que el acusado -médico residente de cuarto año en Psiquiatría en la Clínica Universitaria de Navarra- no padece ninguna enfermedad mental y que tampoco estaba bebido cuando asesinó a Nagore. «La mató conscientemente», sentenció.
Muñoz también señaló que la golpeó con violencia y repetidamente. «En el informe forense hay toda una página que recoge las lesiones que presentaba Nagore. Sólo hay que ver las fotografías para comprobar la brutalidad y agresividad con la que actuó el acusado. Si la joven no reaccionó -añade el fiscal- fue porque estaba aturdida como consecuencia de la paliza. Estaba indefensa. Si hubiera estado mínimamente bien, se habría escapado o habría convencido al acusado para que le dejase ir», señaló.
El Ministerio Público descartó que Yllanes estuviese ebrio. «Había bebido dos o tres cubatas, un chupito y una cerveza», recordó. Javier Muñoz apeló a las grabaciones de vídeo y a las manifestaciones realizadas por las amigas de Nagore, con las que el acusado estuvo antes de cometer el crimen y que, en su opinión, «son la prueba evidente de que no estaba borracho».
«Se les ve andar normalmente hasta el piso que el acusado tiene en la calle Sancho Ramírez, donde Yllanes mata a la joven», prosigue el fiscal. Una vez en la vivienda y ante la negativa de la víctima «a seguir adelante», el joven golpea a Nagore, que «estuvo a merced de José Diego durante dos horas». Para el Ministerio Público, no hay duda de que la llamada realizada a las 10.04 horas desde el teléfono de Yllanes la hizo la muchacha. «Pide auxilio, está absolutamente indefensa, aturdida, es un sollozo».
Atenuantes
Muñoz añadió que los hechos posteriores indican que el procesado se encontraba «perfectamente». Limpió el piso, escondió el cadáver debajo de una cama y lo hizo todo «lúcidamente». «No piensa en Nagore, piensa en sus padres», indicó el fiscal tras recordar que Yllanes recogió las prendas de la víctima en bolsas y le cortó el dedo, «no para descuartizarla, sino para que no se le identificara».
Por su parte, el abogado defensor solicitó una condena de siete años de prisión al considerar que su cliente cometió un delito de homicidio. Ayer fue la primera vez que el letrado de José Diego Yllanes calificó el comportamiento del joven. Tal y como cabía esperar, y en contra de las tesis de las acusaciones, el abogado estimó que el procesado es autor de un delito de homicidio con las atenuantes de intoxicación etílica, confesión obcecación y reparación del daño. La petición de la defensa fue recibida con algunas muestras de desaprobación por una parte del público presente en la sala.
La acusación particular que ejerce la familia de la víctima mantuvo la petición de veinte años por asesinato y cinco por profanación de cadáver, mientras que el abogado que representa al Ayuntamiento de Irún solicitó también 17 años por asesinato y cinco meses por profanación de cadáver. Los letrados del Ayuntamiento de Pamplona y del Instituto de la Igualdad reclamaron 22 y 20 años por asesinato, respectivamente.
